Es la octava entidad que da ese paso esencial para la reivindicación de las mujeres. Edomex, sigue a la zaga

LA VERSIÓN NO OFICIAL. Por Jesús López Segura

El Congreso de Guerrero aprobó por mayoría la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, luego de una sesión de una hora y media de debate (resalta la nota respectiva de la Revista Proceso), con 30 votos a favor, 13 en contra, una abstención y uno nulo.

Guerrero es la octava entidad de México en la que se despenaliza el aborto, sumándose a Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Sinaloa y Colima.

Lamentablemente para las mujeres mexiquenses, que tienen que ir en gran número a la Ciudad de México para ser asistidas en esa elemental decisión sobre sus cuerpos, un Congreso dominado en la Legislatura anterior por Morena y en un equilibrio razonable con otras fuerzas políticas en la actual Legislatura, se ha dejado presionar por fuerzas del conservadurismo católico –muy arraigadas en la zona del Valle de Toluca, no así en el área metropolitana de la Ciudad de México–, para aplazar este aspecto fundamental de la lucha por reivindicar los derechos de las mujeres ante el aplastante patriarcado que las asfixia y las mata, por la vía del feminicidio liso y llano, o por la siniestra forma disfrazada de abortos clandestinos insalubres.

El dictamen aprobado en Guerrero contempla dos artículos del Código Penal del estado: el 158 donde se propone su derogación, porque actualmente criminaliza a las mujeres que decidan voluntariamente abortar, y el artículo 159, en el cual se elimina el requisito para las mujeres que sufrieron una violación sexual de presentar una denuncia penal para solicitar la interrupción del embarazo.

El 13 de enero del 2022, las diputadas de Morena, Beatriz Mojica, Citlali Calixto y Nora Velázquez presentaron la tercera iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

Al fundamentar su propuesta, Beatriz Mojica destacó que con estas modificaciones Guerrero sienta un precedente de garantía efectiva de los derechos humanos de las mujeres y es ejemplo de una legislación penal donde no se les criminaliza, sino que se les garantiza el derecho a decidir.