No se alcanzó la mayoría calificada pero Morena y sus aliados mayoritearon 3 leyes secundarias

Durante la Sesión Ordinaria de este martes, la Reforma Electoral Constitucional impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador no alcanzó la mayoría calificada en el Pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación, por lo que se desechó el dictamen.

Pero el órgano legislativo aprobó el llamado “Plan B” de la Reforma Electoral, con algunas modificaciones propuestas por los minipartidos aliados -para potenciar sus supervivencia electoral- que algunos noticiarios nocturnos empezaron a llamar “el plan C“, consistente en modificaciones a cuatro leyes secundarias para incidir en la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE).

Dicha aprobación se realizó durante la madrugada de este miércoles, con un total de 261 votos a favor, 216 en contra y 0 abstenciones, instrumentando, tanto en lo general como en lo particular, reformas a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, y Orgánica del Poder Judicial. También se expidió la Ley General de Medios de Impugnación en Material Electoral.

Uno de los puntos de esta reforma establece que el salario que perciban los integrantes del Consejero General del órgano electoral no podrá superar al del Presidente de la República, aunque supuestamente esto ya estaba establecido en la ley.

En los transitorios se establece que, dadas las modificaciones de las facultades de la Secretaría Ejecutiva del INE, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de la publicación de estas reformas, lo que significa la destitución inmediata de Edmundo Jacobo Molina, quien lleva en ese cargo 14 años y es una de las personas más cercanas al consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova.

“Dada la modificación de las facultades de Secretaría Ejecutiva con la entrada en vigor del presente decreto, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de su publicación”, dice el artículo décimo séptimo transitorio de la reforma.

Una vez que se destituya del cargo, de inmediato el Consejo General del INE nombrará de entre los directores ejecutivos a un encargado de despacho en la sesión ordinaria del mes de mayo de 2023, explica la nota respectiva de SinEmbargo.

La iniciativa de reforma destaca cómo “otro de los efectos negativos de la alta burocratización del INE es su pésima administración” y señala que su estructura “contiene duplicidad de funciones, posee áreas sin trabajo durante varios meses en el año, se despilfarran recursos mediante el pago de rentas, la compra permanente de material para urnas de mala calidad, se realizan gastos suntuosos, pago de comidas, viáticos, seguros médicos privados, compra de papelería a precios por arriba del mercado, pago de servicio de software injustificados, contratación de edecanes, arrendamiento de automóviles, etcétera”.

En ese sentido se propone la creación del Sistema Nacional Electoral (SNE) conformado por el Instituto Nacional Electoral (INE), como su autoridad rectora, y los Organismos Públicos Locales (OPLEs), como autoridades electorales a nivel estatal. “Este nuevo sistema establece la integración de ambas estructuras para su mejor funcionamiento”, se lee en el documento.

A nivel local la iniciativa plantea la eliminación de las figuras de Vocal Secretario y Vocal de Organización en la estructura del INE. Al mismo tiempo, a nivel distrital se suprimen los cargos de Vocal de Organización Electoral, Vocal de Registro Federal de Electores, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Vocal Secretario. Se mantiene únicamente el Vocal Operativo en la estructura.

Otro de los puntos clave de la iniciativa es la eliminación de los fideicomisos que el Gobierno federal ha calificado como “ilegales”. Se trata del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y el Fondo para Atender el Pasivo Laboral, que desde inicio de este año las secretarías de Hacienda y de la Función Pública propusieron eliminar de cara a la Consulta de Revocación de Mandato —para la cual el INE alegó no tener los recursos suficientes para su organización— para ahorrar dos mil 972 millones de pesos.

Asimismo, la iniciativa busca limitar las facultades “indebidamente discrecionales” que se ha dado el INE con “una extensa facultad normativa”: Propone en ese sentido que las autoridades “no podrán emitir ninguna normativa fuera de sus atribuciones establecidas en la Constitución. Con ello se garantiza mayor certeza jurídica para los actores políticos que contienden en los procesos electorales”.

Y ello es particularmente cierto en casos como el Estado de México, donde el INE pretendía imponer una alternancia de género en la gubernatura desde el año próximo, cuando el Congreso local la planeó para el proceso electoral subsecuente.

Por otra parte, busca “otorgar mayor certeza jurídica” respecto a las tareas de fiscalización y las sanciones de las autoridades electorales sobre los partidos políticos, respetando en todo momento su derecho a la autoorganización y autodeterminación, concluye la fuente de SinEmbargo.