sábado, enero 28

Monreal vuelve a las andadas: regatea la aprobación fast track del “Plan B” en el Senado

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Oposición y analistas identifican en la reforma rasgos inconstitucionales que favorecen el fraude

Hay un rasgo claro de incongruencia en el cuerpo de la reforma legal (aunque aparentemente inconstitucional) en materia electoral, propuesta por el Presidente López Obrador, ya con los ajustes de última hora que alcanzaron a imponer los partidos satélite de Morena: PT y PVEM.

Y es que numerosas notas informativas y comentarios editoriales dejan ver inconvenientes graves que “suavizan las sanciones a los perpetradores de fraudes electorales“, restringiéndolas a medidas meramente monetarias, lo que choca de frente con la presunta intención del obradorismo y la 4té de considerar como delito grave el fraude electoral. Se le quitan atribuciones a la Sala Superior para sancionar a servidores públicos que aspiran a una candidatura por recurrentes faltas, como es el criterio de “pérdida del modo honesto de vivir” y evitar que se postule para un cargo.

Si antes, según la ley electoral, estaba prohibida la promoción personal de funcionarios públicos con fines electorales o los actos anticipados de campaña, con las reformas aprobadas la madrugada de ayer por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, las denominadas “corcholatas” tienen carta abierta para sus actividades proselitistas adelantadas, apunta por ejemplo la nota respectiva de Reforma.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por ejemplo, ha sido sancionada por su permanente promoción anticipada, e incluso, por sus reiteradas violaciones a la ley, ha sido advertida de que podría perder el “modo honesto de vivir”, requisito para aspirar a ser candidata. Pero con la nueva ley solo tendría que pagar una multa y dado que se les permitirá a los partidos guardar reservas no gastadas en ejercicios anteriores, las multas les harán lo que el aire a Juárez.

En 2022 se han presentado más de 30 denuncias contra los aspirantes presidenciales de Morena por actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos por su constante promoción.

La iniciativa de reforma a las leyes secundarias en materia electoral que da marcha atrás a las “sanciones exorbitantes y desproporcionadas”, en el fondo otorga “manga ancha” a candidatos y partidos para violar la norma electoral, pues “suaviza” las sanciones y permite que en lugar de la pérdida de registro, paguen cómodamente una multa e incluso, hagan “guardaditos”, opinaron especialistas en materia electoral.

Ahora queda la duda de si Ricardo Monreal se apegará estrictamente a la ley para servir de contrapeso real al Ejecutivo en este tema, o usa de nueva cuenta el amago como una forma de obtener prebendas políticas dentro de su movimiento, como lo ha venido haciendo para desprestigio de sí mismo.

El exconsejero electoral Arturo Sánchez, dijo a Expansión Política que el llamado “plan B”, busca eliminar en el periodo de precampañas y campañas aquellas sanciones que justamente evitaban que candidatos y partidos, pudieran infringir la ley en materia de fiscalización.

“Por ejemplo, como en el caso de Félix Salgado Macedonio, a quien se le retiró la candidatura de Guerrero. Ahora, ya no se va a sancionar con el retiro de la candidatura que era una amenaza suficientemente fuerte para que, justamente, los candidatos no violaran la ley”.

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