Un total de 750 millones de dólares salieron de la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal y la Fiscalía capitalina

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lleva desde 2021 denunciado ante una corte de Florida que el exsecretario de Seguridad Pública —que ahora mismo enfrenta un juicio penal por cargos de narcotráfico en Nueva York— construyó su imperio criminal con recursos públicos desviados de dependencias gubernamentales que luego fueron blanqueados en el extranjero, plantea Zedryk Raziel en reportaje de El País.

Según documentos judiciales a los que ha tenido acceso El País, García Luna amasó 745,4 millones de dólares a partir de 30 contratos simulados con la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía de la Ciudad de México entre 2009 y 2018. Esto monto se deriva de una reciente ampliación de la primera demanda civil presentada por la UIF reclamando las propiedades y activos del exfuncionario en EE UU.

Más de la mitad del total —427,6 millones de dólares— corresponde a desvíos desde Gobernación entre 2013 y 2018, en la época en que su titular era Miguel Ángel Osorio Chong, uno de los hombres fuertes de Enrique Peña Nieto y hoy senador de la República y aspirante presidencial del PRI. El ahora coordinador de la bancada del PRI en el Senado no respondió a una solicitud de este diario para emitir un posicionamiento.

La lista de desvíos hacia García Luna también incluye un contrato de la Fiscalía capitalina (antes Procuraduría General de Justicia) de octubre de 2017 por 1,5 millones de dólares. El desvío tuvo lugar cuando el encargado de la institución era Edmundo Garrido Osorio. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México era Miguel Ángel Mancera, que hoy es coordinador de los senadores del PRD en la Cámara alta. El resto de los desvíos de dinero público para García Luna ocurrieron entre 2009 y 2012, cuando él aún estaba en funciones de secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón. En ese periodo, según la información aportada por la UIF, el aún funcionario se benefició con 10 contratos simulados por 316,6 millones de dólares provenientes de la Policía Federal (corporación que a la postre fue desaparecida) y también del órgano administrador de prisiones.

Esto significa que los desvíos desde Gobernación a García Luna comenzaron desde el calderonismo y continuaron a lo largo del sexenio de Peña Nieto, cuando se dispararon los montos malversados.