Hubo concentraciones masivas en otras 40 ciudades del país

Según organizadores de la concentración masiva en el zócalo de la Ciudad de México, hubo 50 mil participantes, según las autoridades capitalinas no pasaron de 90 mil. A ojo de buen cubero, por el lleno total de la plancha del zócalo y calles aledañas podría hablarse de 150 mil participantes, según estiman algunos de los presentes en la importante movilización ciudadana en defensa del INE y contra la Reforma electoral propuesta por el Presidente López Obrador.

Confiamos en la Suprema Corte para echar abajo el plan B de la Reforma Electoral, dijo en su discurso el ministro en retiro José Ramón Cossío: “Quienes estamos aquí no solo hemos querido llenar el Zócalo. Venimos a ocupar, respetuosa y temporalmente, la Plaza de la Constitución”, dijo al tomar el micrófono.

Beatriz Pagés, otras de las oradoras, hizo referencias veladas hacia el Presidente López Obrador. Pero en todo el acto, nunca se habló de él por su nombre y apellido. Los lemas se concentraron en el organismo electoral: “el INE no se toca”, “nuestro voto no se roba”, “estoy aquí por el INE”. Pagés señaló que pese a que el Gobierno argumenta que la reforma electoral se debe a un tema de gasto presupuestal, este no representa un coste mayor al de las obras insignia de López Obrador. La mención al Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas atrajeron los abucheos de la multitud.

El “plan B” de la reforma electoral se aprobó el pasado miércoles en el Senado y solo está pendiente de su promulgación. Los cambios en las leyes secundarias acotan el papel del INE comenzando por un recorte de 300 juntas distritales en los 32 Estados del país. Morena, el partido en el Gobierno, argumenta que los cambios a las leyes conseguirán un ahorro de 3.500 millones de pesos. Los opositores apuntan a que esto ocurrirá con el adelgazamiento de la institución que organiza las elecciones, lo que abre la puerta a procesos electorales menos confiables y pone en riesgo la democracia. La reforma también relaja las reglas para el uso de la propaganda política entre funcionarios públicos, una medida que puede inclinar la balanza en favor de quienes se encuentren ocupando un cargo público y tengan acceso a los presupuestos, resume el reporte respectivo del diario El País.