EU asegura que militar mexicano de alto rango negoció con narco colombiano. ¿Otro general Cienfuegos?

Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos refiere que “un militar mexicano de alto rango” negoció para la llegada, desde Colombia, de cargamentos de cocaína durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, plantea un amplio reportaje de El Financiero.

Se desconoce la identidad del militar que presuntamente negoció para favorecer el narcotráfico de Colombia; sin embargo, la información apunta que al menos de agosto de 2017 a septiembre de 2018, el crimen organizado del país mandó miles de kilos de cocaína a México para posteriormente trasladarlo a Estados Unidos.

El reportaje se encabeza con el cuestionamiento del diario mexicano sobre si esta nueva información proveniente de Estados Unidos constituye un caso similar al del general Salvador Cienfuegos, acusado en el país del norte y exonerado en México luego de exigir y lograr su extradición. Esta nota da contexto a la percepción de que en México se protege desde la Presidencia de la República a los militares, percepción acentuada ayer por la displicencia con la que el mandatario abordó el caso del presunto espionaje de los militares al subsecretario Alejandro Encinas.

El presidente mexicano reconoció el martes que había sido informado de que el máximo responsable de derechos humanos de su gobierno estaba siendo espiado, pero dijo que le había indicado al funcionario que no se preocupara.

La admisión se produce un día después de que The New York Times reveló que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de México, fue atacado con el programa espía más conocido del mundo mientras investigaba abusos del ejército del país.

“Me lo comentó y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que le preguntaron por el artículo del Times en su habitual conferencia matutina de prensa del martes.

“Lamentamos que el Presidente minimice el espionaje que su administración realiza”, tuiteó el Centro Prodh, una organización de derechos humanos cuyos empleados también fueron espiados con Pegasus el año pasado.

Un grupo de expertos independientes que realizan una investigación de la desaparición de los 43 estudiantes pidieron que la fiscalía general investigue los ciberataques a Encinas y los calificaron de “hechos que vulneran derechos a la libertad, la intimidad”.

Durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto había varias máquinas de Pegasus en México, controladas por la oficina del fiscal general, la agencia de espionaje del país y el ejército.

Pero para 2019, todos los sistemas Pegasus en el país habían sido desconectados, excepto el operado por los militares, según cuatro personas familiarizadas con los contratos firmados en México.

A este respecto, el destacado columnista Julio Hernández López, “Astillero”, plantea un disonante comentario que contrasta con el enfoque oficialista del antes muy crítico diario La Jornada:

“Nunca será suficiente la presunta exoneración que un gobernante se asigne ante señalamientos fundados de actos correspondientes a su propia administración. Menos si los hechos señalados se refieren a una de las áreas más opacas de la administración pública como son las fuerzas armadas y, aún peor, a un área históricamente sustraída a cualquier tipo de control civil como es el espionaje, que es parte constitutiva de los procesos de inteligencia militar.

No abona al espíritu de la regeneración nacional el desestimar los puntuales señalamientos de espionaje a Alejandro Encinas, el funcionario mexicano de mayor nivel en defensa de derechos humanos y, sobre todo, comisionado para el delicadísimo tema de la investigación y la propuesta al Poder Judicial de responsabilidades de mandos militares en cuanto a la desaparición de normalistas de Ayotzinapa. Incluso es un tema que rebasa a la eventual pasividad o conformismo del citado Encinas.

El presidente de México debería dar importancia institucional a este tema que de manera fundada apunta hacia los mandos militares mexicanos que han mantenido vigente el contrato de prestación de servicios de un sistema de espionaje del cual se han dado varios datos que deben ser investigados y esclarecidos de manera profesional y convincente, y no sólo a partir de la visión u opinión del gobernante”.