Se han permitido prácticas que engendran altísimas irregularidades y endeudamientos

La deuda de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México y Municipios (Cusaem), que asciende a 5 mil millones de pesos con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) y 671 millones con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), evidencia la falta de control financiero y la opacidad con la que esta corporación ha operado históricamente. Aunque Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad estatal, ha reconocido estos pasivos y presentado un plan de acción para regularizar a la corporación y subsanar sus deudas, la magnitud de los problemas sugiere que esta solución no será ni inmediata ni sencilla, plantea en su reporte para Proceso Veneranda Mendoza.

La estrategia propuesta, que incluye la posibilidad de utilizar recursos propios de la corporación y combatir la corrupción que previamente prevalecía, suena prometedora en teoría, pero en la práctica genera muchas dudas sobre su viabilidad. La referencia a la corrupción pasada subraya que los problemas estructurales de los Cusaem no se limitan a los adeudos, sino que involucran una cultura de manejo irregular que, hasta la fecha, ha sido tolerada.

Cusaem presenta irregularidades sin solventar

Los Cusaem, pese a su apariencia de organismo gubernamental por el uso de logotipos y rótulas oficiales, han operado en una zona gris entre lo público y lo privado. Este híbrido legal les permitió aprovechar las ventajas de ambos mundos, cobrando cuantiosas sumas por servicios a la iniciativa privada y a entidades públicas sin estar sometidos al escrutinio que su estructura ameritaría. La falta de una clara regulación ha generado un sistema que favorece la opacidad y el descontrol financiero.

El proyecto para regularizar a la corporación ante la nueva gobernadora, Delfina Gómez, probablemente se enfrentará a fuertes obstáculos, tanto legales como políticos, considerando que ha sido un ente que opera bajo reglas confusas y en ocasiones contradictorias. Si bien la promesa de mejorar las percepciones salariales y garantizar los derechos de los elementos puede ser un paso positivo, la realidad es que hasta no enfrentar de manera directa la falta de transparencia y responsabilidad en su gestión, cualquier intento de sanear a la corporación será solo superficial.

La pregunta clave es si el gobierno estatal está dispuesto a hacer frente a las implicaciones políticas y estructurales de transformar un organismo que, durante años, ha sido una fuente de ingresos millonarios para algunos, pero de irregularidades para muchos otros.