Se aprueba una Reforma que despoja del último velo de civilidad a la Guardia Nacional

Por los comentócratas de Notiguía Televisión

Pese a que fue presentada como una simple “armonización” legal, la reforma a la Ley de la Guardia Nacional aprobada por Morena y sus aliados representa mucho más que un ajuste administrativo: es, en realidad, un parteaguas en el proceso de militarización del país. Una reforma que despoja, sin disimulo alguno, del último velo de civilidad a la Guardia Nacional y la convierte formalmente en brazo operativo del Ejército. Una reforma que, además, abre de par en par las puertas del poder político a los militares, sin que tengan que abandonar del todo su carácter castrense. Y, como si eso fuera poco, les otorga herramientas de inteligencia, espionaje e intervención de comunicaciones, propias de regímenes autoritarios.

Con 349 votos a favor y 132 en contra, el oficialismo en la Cámara de Diputados celebró el cumpleaños de la Presidenta Claudia Sheinbaum regalándole una reforma que, en los hechos, entierra el carácter civil del cuerpo de seguridad que en campaña prometieron construir. Morena y sus aliados no sólo confirmaron el mando total de la Sedena sobre la Guardia Nacional, sino que la dotaron de nuevas y peligrosas facultades: operaciones encubiertas, intervención de comunicaciones privadas y tareas de inteligencia… todo con el aval de un juez, claro, en este nuevo México donde los jueces a modo sobran y los contrapesos faltan.

Pero lo más escandaloso —como bien advierte Salvador García Soto— es la llamada “licencia especial”, una figura legal a modo, que permitirá a militares en activo postularse para cargos de elección popular sin necesidad de retirarse definitivamente del Ejército, como establece la Constitución desde 1917. Aquella reforma carrancista que, con el respaldo de Obregón, buscó frenar el asalto de los generales revolucionarios al poder civil, es reinterpretada por la 4T para permitir exactamente lo contrario: que los militares regresen al poder político por la puerta grande, sin soltar del todo el uniforme.

“La reforma de Sheinbaum crea una nueva figura de licencias especiales y temporales para que los militares de la Guardia Nacional puedan contender por cargos de elección popular”, advierte García Soto. Y va más allá: “cualquiera con facultades para presentar una controversia constitucional podría ganarla en la Corte… aunque no necesariamente en la nueva Suprema Corte, compuesta por los ministros electos con los nombres sugeridos en los ‘acordeones’ del régimen”.

En otras palabras, ni siquiera queda el consuelo del control judicial. Porque en el nuevo orden que Morena planea imponer a partir del 1 de septiembre, con su mayoría calificada “legal” y su obediente Congreso, no habrá corte que se atreva a declarar inconstitucional lo que el Ejecutivo mande. La legalidad se redefine, el equilibrio se deshace, y el Ejército se convierte en actor político con fuero, presupuesto, infraestructura… y ahora también boletas electorales.

La oposición —aunque numéricamente irrelevante— denunció el golpe con claridad. La diputada Laura Ballesteros de MC advirtió que no se trata de un ajuste técnico, sino de una reforma que “consolida la militarización de la seguridad pública y de la vida nacional”. Desde el PRI, Graciela Ortiz acusó que esta reforma dinamita el federalismo y debilita aún más a las policías civiles. Y la panista Eva María Vásquez fue más allá: “lo que prometieron como una guardia civil se consuma hoy como un batallón bajo mando de la Sedena, con disciplina militar, justicia castrense y ahora también funciones de espionaje en tiempo real”.

¿Y la respuesta del oficialismo? Cantar las mañanitas en la tribuna con una manta que decía “Feliz cumpleaños, Presidenta”, como si desmantelar las bases del Estado civil fuera motivo de fiesta.

Detrás de esta reforma, hay preguntas que ni Sheinbaum ni su gabinete han querido responder: ¿A qué se debe tanta urgencia por abrirle el camino político a los militares? ¿Qué están pagando a cambio? ¿A quiénes están preparando para candidaturas futuras: alcaldías, gubernaturas, ¿o incluso posiciones dentro del gabinete?

En lugar de responder, la Presidenta optó por lo de siempre: descalificar a los críticos, llamar “comentócratas” a quienes señalan lo evidente, y acusar de ignorancia a quienes advierten que la Constitución está siendo violentada.

Como bien concluye García Soto, lo que se avecina no es sólo un autoritarismo parlamentario, sino un régimen que podrá aprobar las leyes que quiera, por absurdas o burdas que sean, sin miedo a ser detenido. Porque en la nueva República militarizada de la 4T, la ley no importa: importa quién la interpreta… y para quién trabaja.