Rechaza Europol acuerdo de cooperación con México. AL GRANO. Por Jesús López Segura
El desaparecido INAI era un requisito para cooperar en materia de narcoterrorismo
La Unión Europea autorizó desde 2023 negociar con México un acuerdo con la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), para intercambiar datos personales clave en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, reconociendo a los cárteles mexicanos como actores relevantes del crimen global. Sin embargo, aunque ya existe un acuerdo administrativo limitado desde 2020, las negociaciones formales no han comenzado, a diferencia de otros países latinoamericanos como Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia que ya avanzaron o concretaron convenios similares.
El principal obstáculo es la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuya existencia era vista por Europa como garantía indispensable para proteger datos sensibles y derechos fundamentales. Al eliminar esta autoridad independiente y trasladar sus funciones al gobierno, México dejó de cumplir una condición básica exigida por la UE, lo que ha frenado el acuerdo y generado preocupaciones internacionales sobre el retroceso en materia de privacidad y supervisión.
México quiere sentarse en la mesa europea contra el narcotráfico… pero llega sin silla propia. El gobierno de la autodenominada 4T presume voluntad de cooperación internacional mientras, al mismo tiempo, desmantela justo las piezas que hacen posible esa cooperación, según revela un amplio reportaje de la revista Proceso .
El caso es casi didáctico: la Unión Europea autorizó desde 2023 negociar con México un acuerdo con Europol para intercambiar datos sensibles —los que realmente sirven para perseguir redes criminales globales—. Pero ese salto cualitativo exige algo elemental en estándares europeos: una autoridad independiente que garantice la protección de datos.
Ahí es donde el experimento mexicano se muerde la cola. El país eliminó al INAI justo el órgano que Bruselas consideraba prueba de que México podía manejar información delicada sin convertirla en botín político o instrumento de abuso.
Resultado: mientras Brasil, Ecuador, Perú o Bolivia avanzan o ya firmaron acuerdos, México ni siquiera ha logrado sentarse formalmente a negociar. No por falta de interés europeo —que ve a los cárteles mexicanos como actores clave del crimen global—, sino por falta de garantías mínimas tras la desaparición del árbitro independiente.
El absurdo es completo: la 4T reclama cooperación internacional para combatir organizaciones cada vez más transnacionales, pero al mismo tiempo concentra el control de datos en dependencias gubernamentales, justo lo que Europa busca evitar. En términos prácticos, México pide confianza mientras desactiva los mecanismos que la hacen posible.
Así, la estrategia queda atrapada en su propio diseño: se destruye la institucionalidad en nombre de la “transformación”, y luego se descubre —con sorpresa casi ingenua— que sin contrapesos no hay socios dispuestos a compartir información crítica.
Un círculo vicioso perfecto: menos instituciones, menos confianza; menos confianza, menos cooperación; menos cooperación, más margen para el crimen que se dice combatir. Y todo en nombre de una eficiencia que, en la práctica, termina paralizando lo que pretendía acelerar.
