Crece gasto en programas sociales a costa de inversión. AL GRANO. Por Jesús López Segura
La 4té recorta Salud y Seguridad, para preservar pensiones y apoyos asistenciales y electoreros
La nota de la revista Proceso retrata, con la frialdad de los números, una decisión política que en el discurso se vende como justicia social, pero en la práctica comienza a parecer una apuesta peligrosa: sostener a toda costa la maquinaria de transferencias directas —el músculo electoral más rentable de la llamada Cuarta Transformación— incluso si para ello hay que desmantelar silenciosamente los cimientos productivos que hacen posibles esas transferencias.
El diagnóstico de México Evalúa es incómodo porque desnuda la lógica detrás del presupuesto: en un entorno de crecimiento raquítico (0.8%), déficit elevado (4.8% del PIB) y una deuda cuyo servicio alcanza niveles no vistos desde 1993, el gobierno de Claudia Sheinbaum decidió recortar donde menos ruido político genera —inversión, salud y seguridad— para preservar donde más rédito electoral produce: pensiones y apoyos asistenciales. Traducido sin eufemismos: se privilegia el presente políticamente rentable a costa del futuro económicamente viable.
El problema no es la existencia de programas sociales, sino su conversión en un gasto rígido que devora todo a su paso. Hoy, casi el 10% de los ingresos tributarios se destina a pensiones asistenciales, mientras la inversión pública se desploma 28.4% y toca niveles de hace dos décadas. Es el equivalente fiscal de comerse las semillas para no pasar hambre hoy: se satisface la urgencia inmediata, pero se compromete la cosecha futura.
Más grave aún es la distorsión en el uso de la deuda. Endeudarse para construir infraestructura puede ser discutible, pero al menos genera activos. Endeudarse para financiar gasto corriente —transferencias, intereses, subsidios— es, en cambio, hipotecar el futuro sin dejar nada a cambio. Que por cada peso de deuda apenas 45 centavos se destinen a inversión no es un detalle técnico: es la señal de que el Estado ha dejado de pensar como desarrollador para comportarse como pagador de obligaciones políticas.
El costo de esta lógica ya empieza a asomarse. El pago de intereses consume 24 centavos de cada peso recaudado, la inversión se contrae y el margen de maniobra desaparece. En paralelo, se recorta el gasto en salud y seguridad en un país donde la violencia sigue marcando récords y la percepción de inseguridad aumenta. Es una paradoja inquietante: se fortalece la red de transferencias mientras se debilitan las condiciones mínimas —salud, estado de derecho, infraestructura— que permiten que una economía funcione.
Detrás de esta arquitectura presupuestal hay una tentación conocida en la política: utilizar el gasto público como herramienta de seducción electoral. El riesgo es que, cuando el presupuesto deja de ser un instrumento de desarrollo para convertirse en un mecanismo de lealtades, la economía termina pagando la factura. Y esa factura no llega en forma de un escándalo inmediato, sino como algo más silencioso y persistente: menor crecimiento, menor inversión, menor recaudación y, eventualmente, menos recursos incluso para sostener los propios programas sociales.
En otras palabras, el modelo contiene una ironía difícil de ignorar: al intentar garantizar apoyo político mediante transferencias crecientes, se erosiona la base económica que hace posible financiarlas. Es una estrategia eficaz en el corto plazo, pero profundamente regresiva en el largo: pan hoy, deuda mañana… y quizá, más temprano que tarde, ni pan ni futuro.
