Los mexicanos llevamos ya once años caminando codo a codo con la muerte

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Los sismos y huracanes matan cíclicamente a cientos y, a veces, miles de personas; eso es una catástrofe espantosa que impacta y traumatiza a sociedades indefensas ante el embate brutal de la naturaleza, nada menos que desde nuestros orígenes como especie.

Cuando nos enteramos que una adecuada prevención hubiera evitado muchos de esos desastres -y no me refiero a la fatalidad ineludible de sismos y huracanes, sino a sus perfectamente previsibles costos en vidas humanas-, entonces se despierta el más primitivo y largamente aletargado instinto de sobrevivencia con tal fuerza, que nos lleva a cuestionar, hasta sus raíces, toda forma de organización política que ponga a nuestros seres queridos en el umbral de una muerte fulminante, ya sea por descuido negligente de nuestras autoridades, o por desinterés francamente criminal.

En el caso de la Ciudad de México, el trazo geográfico de la vulnerabilidad sísmica está perfectamente identificado, como nos han venido señalando en los últimos días Héctor Aguilar Camín y Carlos Puig. Desoír estos planteamientos durante lo que los burócratas llaman “la reconstrucción“, constituiría un crimen de lesa humanidad. Así de simple.

El impacto de ver un edificio aplastando vidas que laten en los escombros -en espera de que alguien los salve de ese purgatorio inenarrable-, despierta torrenciales sentimientos de solidaridad y entrega, mezquinamente regateados en la cotidianeidad de nuestra vida de perros: sin empleo, con salarios de hambre, donde somos asaltados, violados, extorsionados y asesinados mientras quienes deberían protegernos, hinchados de dinero mal habido, contemplan el dantesco espectáculo desde la comodidad de sus lujosos nichos burocráticos.

La solución ante el desastre no puede ser más simple, pero se complica por los prejuicios que se nos inculcan desde la escuela autoritaria. He aquí cinco medidas para la reconstrucción que aprobarían de inmediato en cualquier sociedad civilizada. Pero en México las autoridades pondrán el grito en el cielo porque les arrebataría de las manos su envilecido protagonismo electorero:

1.- No deben reconstruirse viviendas en el mismo sitio donde el sismo las derrumbó, porque evidentemente constituyen zonas de altísimo riesgo. En esos sitios se deben habilitar parques que den oxígenos a la asfixiada Ciudad de México.

2.- El dinero de la reconstrucción tiene que ser entregado directamente a cada propietario que perdió su casa o departamento, exactamente en la medida del costo comercial del inmueble antes del sismo, para que cada familia afectada pueda reconstruir, por su cuenta, un espacio para vivir en cualquier otro sitio que le venga en gana, tal y como si hubiera vendido su propiedad.

3.- Deben darse facilidades en la venta de terrenos y oportunidades de empleo fuera de las zonas sísmicas de la Ciudad, o incluso en provincia, para quienes quieran abandonar la peligrosa gran urbe.

4.- Los damnificados que arrendaban una casa o departamento siniestrados, deben recibir indemnizaciones apropiadas, de acuerdo con el daño sufrido, para que puedan adquirir viviendas o seguir rentando, según sea su deseo. Los propietarios de casas o departamentos arrendados que sufrieron daños parciales o totales, deben ser investigados a fondo en toda su documentación y fincarles las responsabilidades correspondientes. Quienes arrienden una casa o departamento dejarán de pagar renta hasta que el propietario arregle todos los desperfectos en el caso de daños menores.

5.- Debe quedar estrictamente prohibido que el Ejecutivo Federal construya un aparato burocrático que absorba parte del dinero que corresponde estrictamente a las víctimas, sobre todo con los antecedentes de este gobierno en materia de corrupción con empresas constructoras y los pésimos resultados que dio el ahora diputado Jorge Carlos Ramírez Marín en los ciclones Ingrid y Manuel que azotaron Guerrero en el 2013.

No hay una angelical perrita Frida que nos eche la pata cuando secuestran a un ser querido

Llevamos acumulados en estos once años de guerra contra el narco más de 200 mil muertos. El sismo, con todo y la torpe prevención burocrática, no alcanzará probablemente las mil víctimas mortales. Decir esto de manera descarnada no implica una falta de respeto a quienes fueron aplastados por el sacudimiento telúrico, aunque hubiera sido solamente uno -o dos, como en el caso del socavón de Ruiz Esparza-. Esta tragedia fue agravada por la ineficiencia de nuestras instituciones de protección civil, al mismo tiempo que atenuada por la vigorosa y espontánea autogestión social ante el desastre.

Lo que constituye una flagrante falta de respeto es la ausencia de solidaridad social activa ante los miles de casos de secuestro y extorsión que convierten la vida cotidiana en México en un infierno exacerbado por la indiferencia criminal de nuestras autoridades y, a menudo, su complicidad ante esos otros purgatorios en los que la genocida “lucha contra el narco” nos ha obligado a vivir, o más bien morir durante ya más de una década. No hay una angelical perrita Frida que nos eche la pata cuando secuestran a un ser querido.

“En 2016, se cometieron 31 millones de delitos -relata Alejandro Hope con base en la última encuesta del INEGI dada a conocer ayer-. Eso significa que, en promedio, hay en México un delito por segundo.

Casi 67 mil personas fueron secuestradas, así sea sólo por unas cuantas horas, en 2016. Y se cometieron algo más de medio millón de intentos de extorsión presencial, cara a cara (además de los más de ocho millones de intentos de extorsión telefónica)”.

“De la inmensa mayoría de esos delitos, las autoridades ni se enteran. Nueve de cada diez delitos no se denuncian. En los pocos casos que son denunciados, no se abre un expediente de ningún tipo en cuatro de cada diez. En total, eso implica que sólo seis de cada 100 delitos detonan algún tipo de investigación. Y de ese número ya muy minoritario, hay una consignación ante un juez en sólo cinco por ciento de los casos. Dicho de otro modo, 99.7% de los delitos se quedan impunes”.

“Según la estimación de Inegi, los mexicanos gastaron 82 mil millones de pesos en medidas preventivas (chapas, rejas, bardas, cámaras, perros guardianes, etcétera). Y el salario del miedo no acaba allí: los costos del delito se estiman en 229 mil millones de pesos al año (equivalente a 1.1% del PIB). Eso es probablemente más que el monto necesario para reparar los daños provocados por todos los sismos de septiembre”.

“No queda pues más que una conclusión: estamos aquí ante un desastre que desfigura nuestras comunidades, socava nuestra economía y empobrece nuestras vidas. Y es, por ahora, una calamidad que detona más indiferencia que solidaridad”, concluye Hope.

Si algo positivo pudiéramos sacar realmente de la solidaridad, sobre todo juvenil, que irrumpió a raudales luego de los sismos, es una visión idílica y para muchos autoritarios, irrealizable, donde nuestra sociedad se cuida a sí misma. Donde las autoridades, elegidas en forma realmente democrática, es decir, sin la simulación de la democracia de mercado, administran los impuestos bajo una rigurosa supervisión social y como un trabajo mínimamente remunerado. Donde cada ciudadano puede consumir cualquier substancia que le venga en gana sin que nadie se lo impida o restrinja, salvo en el caso de menores de edad que deben ser protegidos y educados conforme a los más altos valores del humanismo científico.

En esta sociedad ideal, vislumbrada en flashazos instantáneos durante la febril actividad de la solidaridad sísmica, o durante los episodios de auodefensa michoacana o en la autonomía de municipios indígenas mexicanos, cada ciudadano podría portar el arma que desee, siempre y cuando demuestre no tener antecedentes penales y ganarse la vida en una actividad económica honrada.

La distribución y consumo de drogas estaría regulada por instancias médicas y científicas exentas de los prejuicios que el prohibicionismo ha inculcado de manera dogmática desde que Richard Nixon lo inventó como una maligna estrategia judicial para reprimir y encarcelar a los jóvenes que protestaban contra la guerra de Vietnam.

Claro que para instrumentar algo parecido a esta pincelada de sociedad madura a plenitud, donde el pueblo manda y no el puñado de burócratas que llegan a cargos públicos violando las más elementales reglas de la democracia, ante la complacencia de millonarias autoridades electorales, se requerirá de líderes genuinamente comprometidos con el amor al prójimo que se refleja en la solidaridad juvenil sísmica, auténticos guías desinteresados, emergidos de una visión civilizada, ajena por completo a la voracidad por el dinero, mal disimulada con contritos golpes de pecho domingueros.

En suma, liderazgos que prosperan en países como Costa Rica y Uruguay, pero que están francamente proscritos en el México bárbaro, el del saqueo oficializado y el genocidio institucional. ¿No cree usted?

https://youtu.be/hnvt8DCqTS4