A través de la CEAV, presiona a víctimas del incendio donde murieron 40 migrantes

En un controvertido intento de evitar un proceso penal contra Francisco Garduño, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) instancia dependiente de la Secretaría de Gobernación (al igual que el Instituto Nacional de Migración), ha instado a las víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez a que no se opongan a una “solución alterna” para Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración (INM). Este incendio, ocurrido en marzo de 2023, dejó 40 migrantes muertos y 27 heridos.

AMLO y Francisco Garduño Yáñez,

Según denuncias de varias organizaciones civiles, la CEAV, institución creada para presuntamente proteger a las víctimas, ha enviado correos y realizado llamadas a algunos sobrevivientes, pidiendo su apoyo para que Garduño –quien es mantenido inexplicablemente en su puesto después de la terrible tragedia– evite el juicio penal. Este hecho ha suscitado críticas, ya que la CEAV argumenta que Garduño “no es el directamente responsable” de los hechos, un argumento que las organizaciones consideran impropio, entre otras cosas porque el juicio aún no ha concluido.

La solicitud de Garduño será evaluada en una audiencia el 12 de agosto, donde se buscará que el juez apruebe la suspensión del proceso penal a cambio de una reparación de daños que aún no se ha detallado completamente. La CEAV sostiene que esta “solución alterna” no exculparía a los verdaderos responsables, pero el hecho de presionar a las víctimas para que no se opongan ha generado dudas sobre la imparcialidad de la comisión.

Migrantes protestan por trato inhumano

Las críticas se intensifican al recordar que el año pasado, Garduño ya intentó, sin éxito, obtener este beneficio, ofreciendo solo reparar daños materiales y omitiendo compensaciones a las víctimas. Este contexto plantea serios cuestionamientos sobre la función real de la CEAV y si esta institución está actuando en favor del titular del INM, en lugar de defender los derechos de las víctimas.

Organizaciones civiles y activistas han advertido que este tipo de maniobras podría fortalecer la impunidad en un caso que ha sido calificado como una gravísima violación a los derechos humanos. La presión para que se lleve a cabo un juicio justo es crucial, dado que la reputación de Garduño ya ha sido cuestionada por su falta de rendición de cuentas en anteriores ocasiones.

Este caso subraya un problema recurrente en México: la posible colusión entre instituciones que, en teoría, deberían proteger a los ciudadanos, pero que en la práctica pueden favorecer a funcionarios con poder. La pregunta que queda en el aire es si el sistema de justicia podrá resistir estas presiones y actuar en favor de las víctimas, o si la impunidad prevalecerá una vez más.