Propone iniciativa para portación legal de armas en áreas rurales y empresas estratégicas

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que busca permitir a ejidatarios, comuneros, jornaleros y pequeños propietarios, portar armas de fuego en zonas rurales para proteger sus bienes, medida que contradice la constante arenga esgrimida por el mandatario, a lo largo del sexenio, en contra de los grupos de autodefensa y el imperdonable abandono que le costó la vida a Hipólito Mora.

En un país asediado por la violencia del crimen organizado, no solo en áreas rurales sino también y muy destacadamente en zonas urbanas, esta iniciativa abre la puerta a la autodefensa armada como una estrategia de protección, lo que pone de manifiesto una renuncia del Estado mexicano, una claudicación al monopolio de la violencia legítima que le confiere la ley, al mismo tiempo que ratifica lo que han venido planteando tanto el propio jefe del Ejecutivo, como el comandante de la zona militar de Sinaloa, en el sentido de que están totalmente fuera de su control las confrontaciones en Culiacán entre Chapitos y Mayitos, y su vergonzoso llamado a los criminales a que “demuestren un mínimo de responsabilidad” y depongan su actitud beligerante, como única solución posible.

Violencia en Culiacán por narcoguerra

Además, la reforma no se limita solo a los ejidos y comunidades indígenas. También permite el uso de armas en áreas estratégicas y de seguridad pública, como empresas paraestatales (Pemex, CFE) y órganos autónomos (Banxico, SAT). Este aspecto refuerza la percepción de que el país avanza hacia una política de mayor militarización, en la que el control de la seguridad está cada vez más en manos de fuerzas armadas y civiles armados con permisos especiales.

Finalmente, esta iniciativa, intencionalmente manejada en un perfil informativo bajo (que luego fue creciendo por su relevancia), expone un rasgo inequívoco de tiranía en un Estado que se arroga el derecho de decidir quiénes pueden y quiénes no defender su vida, su patrimonio y a sus familias del embate incontenible de la violencia criminal desatada por la incapacidad de ese Estado para brindar la seguridad a que está obligado, dejando fuera de ese beneficio a comerciantes, transportistas, médicos, periodistas, abogados, y ciudadanos en general que, por el propio ejercicio de sus labores, están más expuestos a asesinatos, secuestros y extorsiones que comuneros y pequeños propietarios de zonas rurales.

Violencia contra periodistas aumentó en el gobierno de AMLO

El argumento de que, por su lejanía y relativo aislamiento, las zonas rurales representan un reto mayor para la protección policial, cae por su propio peso cuando vemos las innumerables matanzas, extorsiones y secuestros en ciudades grandes y pequeñas con una impunidad cercana al cien por ciento.

Queda muy claro, entonces, que mientras los enfrentamientos se den en zonas con escasa cobertura informativa, no le preocupa mucho al mandatario saliente ceder el monopolio del Estado en materia de violencia legítima (con las consecuencias que esto pueda traer a su sucesora), pero en las ciudades, donde confrontaciones armadas se difunden como reguero de pólvora, la mayor preocupación es que la narrativa demagógica de que la estrategia de abrazos y no balazos ha sido todo un éxito, pueda sufrir graves abolladuras.

Armas a la venta con permiso en EU

En el colmo de la demagogia, AMLO culpó esta mañana a Joe Biden de la violencia en Culiacán, por haber cometido el pecado de acordar con los Chapitos la captura del Mayo Zambada. ¿Ahora resulta que el narcopresidente es Joe Biden?

Por cierto que la segunda enmienda en Estados Unidos permite a todo ciudadano portar armas para defenderse, mientras que la tiranía obradorista discrimina a los ciudadanos mexicanos e impone en las zonas rurales la consigna de ¡sálvese quien pueda!, mientras en las urbanas ordena abrazar a los delincuentes.