Sheinbaum puede atacar la resolución de un juez, pero hay formas institucionales para hacerlo

El reciente enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en México ha alcanzado un punto crítico tras la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum de acatar una orden judicial emitida por la jueza Nancy Juárez Salas. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) no tardó en expresar su profunda preocupación, señalando que con este acto se ha quebrantado el orden constitucional y se pone en riesgo el Estado de Derecho en el país.

La advertencia de Sheinbaum, anunciada durante su conferencia de prensa matutina, sobre la no eliminación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación, ha sido recibida con un rechazo categórico por parte de los jueces federales, y amplios sectores académicos y de la sociedad mexicana e internacional. La Jufed recordó que el cumplimiento de las órdenes judiciales no es opcional, y denunció lo que considera un patrón sistemático de desobediencia por parte del gobierno. Este desafío directo a la autoridad judicial no sólo amenaza el equilibrio de poderes, sino que también socava la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Sheinbaum desacata orden emitida por la jueza Nancy Juárez Salas

En un país que se autodenomina democrático, la amenaza de acciones legales contra jueces por el simple hecho de cumplir con su deber constitucional es alarmante. La Jufed enfatiza que las decisiones judiciales deben ser impugnadas mediante los canales legales correspondientes, no con intimidaciones y represalias, a lo que habría que agregar que mucho menos con desplantes autoritarios del estilo de no acato por mis pistolas. La postura adoptada por Sheinbaum, al ignorar abiertamente una suspensión judicial, representa un golpe directo a los principios más básicos del Estado de Derecho.

El apoyo a la jueza Nancy Juárez Salas, quien concedió un plazo de 24 horas para que la reforma judicial fuera retirada del Diario Oficial de la Federación, es una muestra de solidaridad dentro del Poder Judicial, pero también un recordatorio del frágil estado de la institucionalidad en México. Las tensiones entre los poderes no sólo reflejan una crisis política, sino un riesgo tangible para la estabilidad democrática del país.

La 4Té va contra el Poder Judicial

En este contexto, la advertencia de la Jufed es clara: el orden constitucional está roto y el riesgo de su colapso total es inminente si el Ejecutivo persiste en su desacato. Este conflicto pone en jaque los principios sobre los cuales se sostiene la democracia mexicana y expone las graves consecuencias de la concentración del poder en manos del Ejecutivo.

El mensaje de la 4té también es claro al plantear una reforma que cesa masivamente al aparato judicial en su conjunto, mediante el efecto aplanadora de una mayoría espuria. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo (ambos dominados por un partido hegemónico), construyen, de manera inequívoca, los fundamentos de una dictadura en México, amparados en la evidente patraña de mejorar el sistema de Justicia, sin tocar ni fiscalías, ni ministerios públicos, donde también impera la corrupción. El propósito es descaradamente diáfano incluso para muchos militantes de esa corriente ideológica traicionada en sus principios más elementales.