Fueron víctimas de uno de los episodios más vergonzosos del abuso de poder en México: Proceso

“Fui encarcelada por cuidar. Mi madre, por amar. Mis hijos, por resistir. Gertz nos persiguió con el poder del Estado. Hoy, ante la CIDH, denuncio lo que hizo: encarcelar a una y quebrar a tres generaciones.” Con estas palabras, Alejandra Cuevas Morán —víctima directa de uno de los episodios más vergonzosos del abuso de poder en México— alzó la voz frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Su historia es la evidencia viva de cómo el sistema de justicia mexicano puede ser utilizado como un arma personal por quienes deberían protegerla. La tragedia que vivió esta familia exhibe no solo a un fiscal corrupto, sino a todo un régimen que lo protegió, lo encubrió y lo sostuvo en el cargo: el obradorismo.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, persiguió a tres generaciones enteras para cobrarse una venganza personal, describe la nota de Proceso. Alejandra Cuevas estuvo 528 días encerrada injustamente en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada de un delito fabricado por el fiscal: la supuesta responsabilidad en la muerte de su hermano, Federico Gertz, ocurrida en 2015. Una acusación absurda, sin sustento, montada con el único fin de satisfacer el rencor personal del hombre que debería encabezar la procuración de justicia en México.

Mientras ella padecía el encierro, su madre —Laura Morán, pareja sentimental de Federico por más de 60 años— fue sometida a arresto domiciliario. Sus hijos resistieron como pudieron, convertidos de golpe en activistas por la dignidad y la libertad de su madre.

El delito de Alejandra fue cuidar. El de Laura, amar. El de sus hijos, no rendirse.

Pero lo más indignante es que Gertz Manero no actuó solo. La maquinaria del Estado operó a su favor. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo sostuvo y lo protegió, incluso cuando se revelaron las pruebas más burdas de su abuso: grabaciones en las que el fiscal reconocía haber obtenido ilegalmente proyectos de resolución de la Suprema Corte para manipular sentencias. La justicia en México fue secuestrada por el capricho de un hombre al que el presidente defendió hasta el final con el lema inamovible “tiene toda mi confianza”.

La persecución fue tan brutal que, tras obtener su libertad, Alejandra y su familia se vieron obligados a abandonar el país por miedo a nuevas represalias. El país que debía defenderlos los expulsó. El fiscal que debía protegerlos los persiguió. El gobierno que prometió justicia los traicionó.

“No se trató solo de mi encierro —denunció Alejandra Cuevas—. Fue el ataque a mi madre, a mis hijos, fue el intento deliberado de quebrarnos a todos. Nos quisieron destruir. Hoy no pido venganza: exijo justicia.”

Ahora, la denuncia llega a la CIDH. Porque en México, la justicia fue capturada. Y quienes debían defenderla se convirtieron en cómplices del abuso.