“A dueños originales se vería cómo les reponemos la vivienda”, dice, con desdén, Octavio Romero

Como si México necesitara más incentivos para el caos y la impunidad, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, anunció un nuevo programa para premiar a quienes invaden viviendas abandonadas. Sí, leyó bien: en lugar de proteger los derechos de los legítimos propietarios —trabajadores que pagan su crédito con esfuerzo—, la Cuarta Transformación planea legalizar el despojo a través de un generoso esquema de renta con opción a compra para los paracaidistas.

Con una desfachatez que ya se volvió norma en el gobierno morenista, Romero explicó que no van a desalojar a los invasores, sino a “advertirles” que si no regularizan su situación “nunca serán dueños”. Pero eso sí: les ofrecerán el inmueble a precio de remate —“valor en libros”, lo llamó—, en cómodas mensualidades, como si se tratara de premiar su delito con facilidades de pago.

¿Y los dueños originales? “Se vería cómo les reponemos la vivienda”, dijo el funcionario tabasqueño que carga con el estigma de haber quebrado a Pemex, como si reponer el patrimonio perdido de un trabajador fuera una trivialidad administrativa. Ni siquiera garantizan que puedan recuperar su propia casa. El mensaje es claro: en el México de Morena, invadir paga; trabajar y ahorrar es para ingenuos.

Este anuncio propio de un régimen fascista, perpetrado en una mañanera del pueblo sin la presencia presidencial, se erige como el corolario del despojo de viviendas que, al amparo de notarios públicos y gobiernos estatales y municipales, se realiza masivamente en el país, como se ha venido ventilando en la prensa independiente los últimos días.

Por si fuera poco, el programa se presenta como una política social “en favor de jefas de familia, personas con discapacidad y jóvenes”, cuando en realidad abre la puerta al saqueo institucionalizado, disfrazado de inclusión social. ¿Cuántas de esas casas invadidas están hoy en manos de grupos criminales o redes clientelares de Morena? Por supuesto, nadie lo dice, pero la realidad en varios estados del país habla por sí sola.

Mientras el gobierno presume combatir el crimen, en los hechos facilita que grupos de invasores —invariablemente vinculados a organizaciones delincuenciales o caciques locales— se apropien del patrimonio ajeno. Una política que premia la ilegalidad y castiga el esfuerzo. Otro capítulo más del manual morenista para dinamitar el Estado de Derecho.

El gobierno que dice amar al pueblo y proclama que “por el bien de todos primero los pobres”, no solo deja libres a invasores carroñeros que despojan, roban y matan, sino que los premia legalizando lo robado en cómodas facilidades de pago. No es la oposición, ciertamente, quien contribuye a documentar la especie de que Morena está ligado con los criminales, sino sus propio funcionarios estrella como “Robero“ Descham… perdón Oropeza.