La traición paga: Morena reparte magistraturas y consulados a priistas mexiquenses con presunto pasado criminal

El “cambio” en el Estado de México resultó ser la más obvia operación de reciclaje político: los mismos rostros, pero ahora vestidos de guinda. Como si se tratara de premios por servicios prestados, la administración morenista no ha escatimado en recompensas para los priistas que le entregaron la plaza en bandeja de plata. Uno de ellos es nada menos que Carlos Iriarte Mercado, exdirigente del PRI mexiquense —sí, el mismo involucrado en escándalos innombrables en el Colegio Militar y en la misteriosa muerte del diputado federal Abraham Talavera—, propuesto recientemente para el consulado de México en Boston. Al parecer, entregar el bastión priista merece premio diplomático, salvo en el caso de Alfredo del Mazo Maza, quien desdeñó el ofrecimiento de una preciada misión en el exterior o, de plano, no dio el ancho. Vaya usted a saber.

Pero si el cinismo tuviera rostro, ese sería el del exfiscal Alejandro Gómez Sánchez, ahora flamante magistrado electo del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México. Un personaje que (según expone Veneranda Mendoza en Proceso) carga sobre sus hombros no sólo el descrédito político, sino expedientes cargados de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, fabricación de delitos y un largo etcétera que avergonzaría incluso al viejo PRI, de donde, por cierto, proviene.

Organizaciones civiles como Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) y el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna (FMDVD) impugnaron ante el TEEM su nombramiento, argumentando que Gómez Sánchez incumple los mínimos requisitos de buena fama pública, honestidad y honorabilidad. Y razones no les faltan.

Su historial es digno de una serie negra: Tlatlaya (22 civiles ejecutados, incluida una menor de 14 años); Atenco (mujeres torturadas sexualmente mientras él justificaba el operativo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos); desvío de miles de millones de pesos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP); fabricación de delitos, detenciones arbitrarias, invasiones de viviendas protegidas por autoridades, y la lista sigue.

Hasta Enrique Peña Nieto, maestro en el arte del encubrimiento, quiso premiarlo proponiéndolo como ministro de la Suprema Corte, pero el escándalo fue demasiado grande y el Senado lo vetó. Eso sí, para Morena no hay problema: la corrupción que antes apestaba a tricolor, ahora huele a guinda.

El caso es grotesco: mientras la CIDH documentaba impunidad total en Atenco, Gómez Sánchez vendía ante los micrófonos sus supuestas acciones “ejemplares” para combatir la tortura. Y mientras madres como Clara Gómez González lloraban a sus hijas ejecutadas en Tlatlaya, él manipulaba expedientes y fabricaba pruebas para salvar a los militares involucrados, a coro con el ex gobernador Eruviel Ávila, otro tránsfuga tricolor acusado de pederastia por el periodista Humberto Padgett, en el programa de Ciro Gómez Leyva, Por la Mañana.

Como cereza del pastel, el propio José Humbertus Pérez Espinoza, activista que presentó la impugnación, fue víctima directa del montaje judicial: detenido con cuatro carpetas falsas por delitos que jamás cometió. Fue liberado como preso político durante el sexenio de López Obrador. Ironías de la vida: el “gobierno de la transformación” recicla al fiscal que lo encarceló.

¿Premios por traicionar al PRI y entregar el Edomex a Morena? Sí. ¿Recompensas por fabricar culpables y proteger a violadores de derechos humanos? También. En este nuevo régimen, los verdugos del pasado son premiados como héroes. Porque aquí, traicionar a tu partido y tu pueblo te abre las puertas del poder… o de un consulado en Boston.