Comité de la ONU desmiente a Claudia Sheinbaum. AL GRANO. Por Jesús López Segura
La mandataria fue expuesta en un debate internacional innecesario y, encima, mal asesorada
El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Pablo Albán Alencastro —quien recientemente llevó ante la Asamblea General la preocupación por la crisis de desapariciones en México como un crimen de lesa humanidad— corrigió a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que ésta desconociera al organismo y descalificara su resolución, al subrayar que el desacuerdo es legítimo, pero no así la descalificación, e instar a preservar el respeto institucional hacia los órganos internacionales de derechos humanos.
En el delicado terreno de la diplomacia, donde cada palabra cuenta, alguien en Palacio Nacional optó por ignorar una regla elemental: estos temas no se ventilan en la arena política cotidiana, sino que se procesan a través de los canales especializados del Estado. El resultado fue un intercambio innecesario que expuso más fallas de asesoría que diferencias de fondo.
Mientras desde el gobierno se intentaba restar validez al Comité —como si desconocerlo bastara para desactivar sus conclusiones—, Albán respondió con precisión técnica y tono institucional: recordó que el organismo sí forma parte del sistema de la ONU —contra lo afirmado por Sheinbaum en su mañanera de ayer—, que sus integrantes son elegidos por los propios Estados y que su mandato es supervisar el cumplimiento de obligaciones internacionales. En otras palabras, no es una voz que emita opiniones, sino una instancia formal con atribuciones claras.
El contraste es elocuente. Por un lado, una narrativa oficial que busca acotar el problema al pasado; por otro, datos actuales que evidencian una crisis persistente: más de 132 mil personas desaparecidas y decenas de miles de restos sin identificar, sin señales de reversión en la tendencia. Frente a ello, resulta más sencillo desacreditar al emisor que confrontar la magnitud del fenómeno.
El punto crítico no es la discrepancia —inevitable en cualquier relación internacional—, sino la decisión de trasladarla al terreno de la descalificación pública, especialmente cuando se trata de un órgano internacional y no de un adversario político doméstico. Ahí es donde la estrategia falla: lo que debió encauzarse mediante la diplomacia se convirtió en un episodio de confrontación innecesaria.
Doña Claudia fue interrogada al respecto por la reportera de Proceso —medio que, minutos antes, la propia Presidenta había descalificado al lamentar que ya no es lo que fue bajo la batuta de Julio Scherer García—, y su respuesta resultó tan desafortunada como reveladora. Redujo el concepto de crímenes de lesa humanidad exclusivamente a aquellos perpetrados por el Estado, incurriendo en una serie de confusiones que la periodista no supo —o no quiso— aprovechar. Ni siquiera al final la reportera se atrevió a contener el alarde presidencial sobre una supuesta lucha contra la desaparición forzada, expresando con claridad sus balbuceos previos sobre el hecho de que el líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, hoy acusado de desaparición forzada, fue nombrado y protegido como secretario de Seguridad Pública de Tabasco por quien actualmente ocupa un escaño en el Senado de la República.
Así, lo que pudo resolverse como una diferencia técnica a través de la vía institucional —particularmente desde la Secretaría de Relaciones Exteriores— terminó por exponer a la propia investidura presidencial. Porque, al final, más que debilitar al Comité, el episodio deja al descubierto una carencia más preocupante: la falta de pericia para manejar asuntos de alta sensibilidad internacional, y exponer a la mandataria en un terreno donde la improvisación no atenúa los problemas, sino que los amplifica.
