Alfonso Durazo mira la paja en el ojo ajeno… LA VERSIÓN NO OFICIAL. Por Jesús López Segura

Lecciones de democracia que el gobernador de Sonora olvida cuando se trata de su propia sucesión

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena y gobernador de Sonora, admitió sorpresivamente que las encuestas que realiza su partido pueden ser manipuladas, que la popularidad no equivale a capacidad y que el dinero puede distorsionar las preferencias ciudadanas. Todo muy razonable, salvo por un pequeño detalle: cuando el problema se traslada a Sonora, donde se juega su propia sucesión política, la autocrítica comienza a resbalar.

Ante los 17 coordinadores estatales de Morena, Durazo advirtió que algunos aspirantes pueden arrasar en las encuestas gracias a incentivos perversos, como pagar a medios de comunicación para inflar artificialmente su posicionamiento. Una denuncia grave que, de ser cierta, exigiría algo más que una admonición moral: nombres, datos, pruebas y consecuencias. Porque si el presidente del Consejo Nacional conoce las trampas del método que su partido presume como garantía democrática, lo mínimo que cabría esperar es que las documentara y exigiera transparencia.

Según los datos que expone Durazo, Lorenia Valles obtuvo 7.75 puntos frente a 2.25 de Célida López en la medición que determinó la designación; sin embargo, Célida aparecía como la más conocida y encabezaba las preferencias electorales. Pese a ello, la candidatura recayó en Valles, cercana a Durazo, quien la nombró directora del DIF estatal al inicio de su administración.

La pregunta resulta inevitable: si el gobernador de Sonora, conocido como “La viuda de Colosio“, denuncia que algunos aspirantes compran notoriedad para adulterar las encuestas, ¿qué elementos tiene para descartar que los criterios políticos hayan pesado más que las preferencias ciudadanas en su propio estado? ¿La diferencia entre popularidad y capacidad sólo debe examinarse cuando conviene cuestionar a otros, o también cuando la decisión favorece a una figura cercana al gobernador?

Es necesario que el mandatario explique, con información verificable, por qué la medición favoreció a una aspirante y no a otra, cuáles fueron los criterios de ponderación y qué papel desempeñó la llamada «valoración política». Porque insinuar que existen encuestas infladas sin identificar casos ni presentar pruebas deja una sospecha flotando sobre todo el procedimiento, incluido el que se realizó en Sonora donde por cierto, el mandatario es uno de los mencionados por posibles vínculos con el crimen organizado.

Y ahí está la contradicción central: Durazo cuestiona que ganar una encuesta no baste para merecer una candidatura, pero no ofrece, al menos en su propio proceso sucesorio, una explicación suficiente de por qué las preferencias ciudadanas deben ceder ante otros criterios cuando el resultado no coincide con la decisión partidista. Si la encuesta es insuficiente, habrá que explicar qué la sustituye, quién lo decide y bajo qué reglas. De lo contrario, la democracia interna corre el riesgo de convertirse en una ceremonia de legitimación de decisiones tomadas por vías ocultas a la militancia y a la sociedad en su conjunto.

La inconformidad tampoco se limita a Sonora. Hay inconformidades severas en Nuevo León y Michoacán, entre otras. Raúl Morón desconoció la encuesta aplicada en Michoacán y anunció que iniciaría una gira por el estado antes de definir el rumbo de su movimiento. El episodio refuerza la pregunta sobre la credibilidad del mecanismo que Morena presenta como instrumento para elegir a sus representantes, pero que sus propios aspirantes cuestionan cuando los resultados no los favorecen.

En ese contexto, la advertencia de Durazo adquiere una ironía involuntaria: si algunos ganadores no sirven a la transformación, ¿quién determina qué significa servirle y con qué evidencias? ¿Los ciudadanos mediante su preferencia, las encuestas mediante una metodología transparente o las dirigencias mediante una valoración política cuyos criterios no se conocen?

El buen juez por su casa empieza, como dice Salvador García Soto en su columna de El Universal. Si Alfonso Durazo quiere que su discurso sobre la transparencia sea algo más que una lección de moral partidista, debe comenzar por Sonora: transparentar las mediciones, explicar la designación y presentar las pruebas de las irregularidades que denuncia. Porque en política, como en cualquier examen de honestidad, no basta con señalar las trampas ajenas; también hay que estar dispuesto a revisar las propias.

Morena puede seguir llamando «coordinadores» a sus delfines adelantados, «encuestas» a sus mediciones internas y «valoración política» al dedazo. Pero cambiar los nombres no resuelve el problema de fondo: la confianza ciudadana no se decreta desde un consejo nacional. Se construye con reglas claras, resultados comprobables y explicaciones que resistan el escrutinio público.