Ernesto Nemer, entre otros, compareció por asociación delictuosa, usurpación de funciones y explotación de un bien de la nación

Ayer se llevó a cabo una audiencia inicial de imputación a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), que involucra a cuatro exfuncionarios del gobierno mexiquense de Alfredo del Mazo y a representantes de la empresa OHL, ahora conocida como Aleatica. Los cargos presentados incluyen asociación delictuosa, usurpación de funciones públicas y explotación de un bien de la nación, resalta en su columna de El Universal el siempre agudo Mario Maldonado.

“A la audiencia, que fue pospuesta por el juez federal Daniel Ramírez Peña en enero pasado, acudieron el exsecretario General de Gobierno, Ernesto Nemer; el exsecretario de Movilidad del Edomex, Luis Limón Chávez; el exdirector del Aeropuertos, Autopistas y Servicios conexos en la entidad, Alberto Tomás Angulo Lara y el exdirector de la Junta de Caminos, Jorge González Becerril.

También presenciaron las acusaciones por parte de la FGR los exdirectores de OHL México (Aleatica) José Andrés de Oteyza, Sergio Hidalgo, y el actual presidente de la empresa, Rubén López Barrera“.

La judicialización del caso del Viaducto Bicentenario, un tramo carretero adjudicado en 2008 a OHL por un monto de 6 mil 500 millones de pesos, se basa en las denuncias del abogado Paulo Díez Gargari, quien sostiene que el tramo carretero forma parte de la autopista México-Querétaro, bajo jurisdicción federal, lo que llevaría a los funcionarios del gobierno estatal y a los directivos de la empresa a cometer presuntos delitos al adjudicar y luego “legalizar” la concesión.

Además de los aspectos legales, el caso también tiene un trasfondo político. La FGR ha dado crédito a las denuncias que antes no había podido judicializar el exabogado de la empresa Infraiber, Paulo Díez. Esto, según fuentes cercanas al caso, se debe a que estas denuncias están relacionadas con la causa por la cual el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, fue denunciado por supuestamente utilizar su influencia para ayudar a que Aleatica no perdiera el permiso de explotación del Viaducto Bicentenario, explica el columnista de referencia.

En paralelo a esta situación, Paulo Diez también enfrenta una audiencia por presuntos “ataques a las vías federales de comunicación”, relacionados igualmente con el caso del Viaducto Bicentenario. Es importante señalar que este proceso se lleva a cabo en el Estado de México y que el juez a cargo, Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, ha sido recientemente objeto de atención mediática por su participación en otro caso controvertido, cuando liberó al violador de una niña de 4 años con la aparente indiferencia del titular del Poder Judicial del Edomex.

Este enredo judicial pone de manifiesto la intersección entre intereses políticos, disputas personales y el uso selectivo de la justicia, lo que arroja luz sobre la complejidad del sistema legal y su relación con el entorno político en el Estado de México.