Cuando AMLO impuso a sus pésimas ministras de la Corte, ¿por qué no convocó a una consulta popular?

Para un demócrata salvaje, el hecho de que un partido –o coalición, o como se le llame a cualquier opción política que se mide en las urnas– gane el 51% de la votación, eso le confiere la autoridad para avasallar al otro 49% en el control absoluto de la Cámara de Diputados.

Cuando los priistas eran los hegemónicos en México, se comportaban como gandallas, corruptos y lo que usted quiera –por eso están a punto de extinguirse–, pero no como “demócratas salvajes“. La mejor prueba de ello es que avalaron la existencia de 200 diputaciones “plurinominales” o “de representación proporcional“, que garantizaban, mediante fórmulas aritméticas relativamente simples, que las minorías tuvieran una adecuada representación, perfectamente acorde con la votación alcanzada en las urnas, para conformar la Cámara de Diputados.

Luisa María Alcalde y la reforma al COFIPE

Todas las normas que se formularon originalmente y luego fueron modificadas en el contexto del regateo entre las diversas fuerzas políticas reales –y sus aliados de la chiquillada artificial–, tienen (de acuerdo con el espíritu de la ley –algo que los gandallas nunca toman en cuenta–) la misión fundamental de garantizar, a final de cuentas, ese principi democrático racional de una adecuada representación proporcional de las diferentes opciones minoritarias en el número de curules, para que no queden eliminadas de la toma de decisiones.

Una de esas modificaciones legales se relaciona con la “cláusula de gobernabilidad” que concedía hasta un 8% de “sobrerrepresentación” con el objeto de resolver el problema de que ninguna fuerza política alcanzara, en ciertas circunstancias, el 51% de las curules.

El problema con don Andrés Manuel López Obrador y sus fanáticos es que se comportan como demócratas salvajes. Y quien lo dude, que nos explique por qué quieren desaparecer las diputaciones plurinominales con una reforma constitucional, igualmente salvaje, que aspira a convertir al Poder Judicial en un club de abogados de la 4T y de los narcos, únicas dos instancias capaces de imponer en las urnas a sus prospectos de jueces, magistrados y ministros, como ha quedado claramente demostrado en el único país (Bolivia) que se atrevió a formular esa absurda y peligrosa estrategia para la designación de juzgadores.

Proyección de integración de la nueva Legislatura

Reconociendo que no es abogado, Héctor Aguilar Camín ha pedido muy respetuosamente a Luisa María Alcalde que explique con claridad (por mucho que no tenga vela en el entierro) cómo es posible que al Partido Verde le asigne 15% de curules plurinominales, cuando solo tuvo el 8.95% de los votos. Y al PT 10%, cuando solo obtuvo el 5.83% de la votación. Incluso al PRD el 0.2% de curules ¡cuando perdió el registro!, lo que representa una sobrerrepresentación muy superior al 8% autorizado por la ley, es decir, una megarrepresentación.

En el otro extremo del escandaloso abuso, Alcalde perjudica a los partidos opositores con la misma obsequiosa generosidad que favorece a sus amigos: Al PAN, que obtuvo en las urnas el 18.2%, le asigna solo 13.6% de las curules. Al PRI, que alcanzó el 11.87% de los votos, lo castiga con el 6.6% de asientos en la Cámara de Diputados, y a Movimiento Ciudadano solo le reconoce 4.8% de curules, cuando su votación real supera el 11.6% de la votación total.

En lo personal, me tomaría el atrevimiento (sin ser tampoco abogado) de preguntar al Presidente López Obrador, con todo respeto, ¿por qué cuando él tuvo la oportunidad de postular a ministros de la Corte no fue congruente con su reforma y convocó al pueblo a una consulta? ¿Por qué desperdiciar la oportunidad dorada de demostrar en los hechos que, efectivamente, “no son iguales”?

Luisa María Alcalde y la sobrerrepresentación. Cartón | Rictus. El Financiero

¿Por qué, al más puro estilo de los prianistas que tanto y tan merecidamente critica, impuso a personajes distinguidos únicamente por plagiar su tesis profesional en la carrera de Derecho, y otra que no pega tres argumentos jurídicos elementales en su paupérrimo discurso?

Finalmente, el argumento sugerido por la joven Alcalde, en el sentido de que “es legal” su agandalle, aunque pudiera ser inmoral, contradice la narrativa obradorista que repudia los trucos de los “leguleyos”, así como sus presuntas “firmes convicciones” de que la justicia está por encima de la ley.

Los que presumen a diario de ser una suerte de “inmaculados” incapaces de reproducir las viejas prácticas del prianismo ciertamente corrupto, resultan, como los remedios iatrogénicos, más dañinos que el mal que pretendían erradicar.