El caso de Sandra Estefana Domínguez llegó al Alto Comisionado de la ONU para los D. H.

La desaparición de la activista Sandra Estefana Domínguez Martínez eleva a 653 el número de desapariciones forzadas en el gobierno de Salomón Jara, un signo preocupante de la crisis de derechos humanos en Oaxaca, destaca Pedro Matías en un amplio reportaje para Proceso. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado su alarma por este caso, exigiendo una investigación urgente y coordinada para localizar a Domínguez y su esposo, vistos por última vez el 4 de octubre.

La familia de la activista lanzó un llamado desesperado a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Jara para que intervengan directamente. La madre de Sandra, en un conmovedor mensaje en lengua ayuuk, rogó por la vida de su hija. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos subrayan el patrón de desapariciones de mujeres en el estado, instando a Jara a no repetir los fracasos de su predecesor, Alejandro Murat.

Las denuncias de Domínguez contra Donato Vargas, miembro del gobierno estatal, por violencia de género añaden una capa política al caso. La falta de acción y la dilación en las investigaciones ponen de manifiesto la pasividad del gobierno oaxaqueño ante una grave crisis que amenaza con seguir silenciando a las defensoras de derechos humanos.