Dice que ahora ya no es el Estado, sino grupos criminales, con referencia a los hallazgos en Teuchitlán

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que en México persistan los crímenes de lesa humanidad, pero aclaró que estos ya no son perpetrados, como antes, por el Estado, sino por la delincuencia organizada. La declaración, sin embargo, revela una contradicción fundamental: si el gobierno admite la magnitud de las atrocidades cometidas por el crimen organizado, ¿por qué exime de responsabilidad al Estado, cuya obligación es neutralizarlo?

El caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde se hallaron múltiples restos humanos, encendió las alarmas entre colectivos de búsqueda, que señalaron que estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad. Sheinbaum no solo desestimó la afirmación, sino que puso en duda la legitimidad de quienes la hicieron: “Hay que ver qué organizaciones son”. Su respuesta evoca una estrategia recurrente en el discurso gubernamental: deslindarse de la responsabilidad y desacreditar a quienes denuncian.

No obstante, la mandataria federal reconoció implícitamente la gravedad del problema: “Estamos haciendo nuestro trabajo para pacificar y disminuir los delitos en México”. Si la delincuencia organizada es capaz de cometer crímenes de tal escala, el Estado no puede presentarse como un actor pasivo, sino como responsable de prevenirlos y castigarlos.

Ahora bien, se supone que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, ¿por qué, entonces, su gobierno no persigue a quienes ella misma admite que los cometieron en el pasado?

Reformas sin inclusión de víctimas

El Ejecutivo también envió iniciativas para reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y la Ley General de Población, pero los colectivos de víctimas denunciaron que no fueron tomados en cuenta en su elaboración. Sheinbaum justificó la exclusión asegurando que “podrán participar una vez que llegue al Congreso”, pero esto deja la decisión en manos de los legisladores y no garantiza su inclusión.

La presidenta insistió en que la Secretaría de Gobernación es la responsable del tema, minimizando el papel de su administración. Sin embargo, la falta de un diálogo efectivo con los familiares de desaparecidos y la renuencia a reconocer la gravedad del problema solo profundizan la desconfianza en el gobierno.

El discurso oficial busca deslindar al Estado de la violencia extrema que sufre el país, pero al hacerlo, admite indirectamente su incapacidad para frenar al crimen organizado. Si se reconoce que estos grupos perpetran crímenes de lesa humanidad, el gobierno no puede limitarse a describirlos: debe asumir su responsabilidad y actuar en consecuencia.