“El próximo presidente de la Corte alcahueteó despojo y represión con aval del Estado mexicano”

El nombramiento de Hugo Aguilar Ortiz como próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado una profunda preocupación entre líderes de la Nación Yaqui, quienes lo acusan de ser responsable de despojos, corrupción, discriminación y represión contra sus comunidades. Las denuncias se enmarcan en un contexto de violencia, manipulación política e imposición gubernamental relacionada con el controvertido “Plan de Justicia del Pueblo Yaqui”, impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Los líderes yaquis, particularmente Fernando Jiménez y César Cota Tórtola, sostienen que el Plan de Justicia fue utilizado como un mecanismo de control político por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), bajo el mando de Adelfo Regino y el propio Aguilar Ortiz. Denuncian que las consultas indígenas fueron simuladas y manipuladas, excluyendo a autoridades tradicionales legítimas, mientras se imponían decisiones desde el gobierno federal, beneficiando solo a ciertos actores afines al poder.

A estas denuncias se suma la creciente violencia en territorio yaqui por parte del crimen organizado, con la complicidad tácita o abierta de funcionarios federales y estatales. Los líderes yaquis aseguran que desde hace más de una década las organizaciones criminales han penetrado sus comunidades, reclutando incluso a niños, mientras autoridades estatales y federales bloquean acuerdos de seguridad y niegan reconocimiento a representantes legítimos. Esta violencia incluye secuestros, desapariciones y asesinatos con claros tintes de exterminio cultural.

Las acusaciones contra Hugo Aguilar Ortiz van más allá de corrupción administrativa: lo señalan como responsable de una política de división interna entre los pueblos yaquis, aprovechando el poder político para manipular liderazgos locales y utilizar el erario público como herramienta de sometimiento.

En este contexto, la designación de Aguilar Ortiz como presidente de la SCJN representa para los yaquis no sólo un acto de impunidad, sino la consolidación de una estructura de poder que ha desoído sentencias judiciales a favor de la consulta indígena y que ha fomentado prácticas autoritarias, clientelistas y corruptas.

El trasfondo político apunta también a maniobras desde el gobierno federal para asegurar el control institucional del Poder Judicial en favor de la llamada Cuarta Transformación (4T), mientras se perpetúa el abandono y represión contra pueblos originarios que defienden sus recursos y territorio.

En síntesis, las denuncias reflejan una trama de poder, corrupción y violencia estructural, en donde el nombramiento de Aguilar Ortiz es percibido por los yaquis como el punto culminante de un proceso sistemático de imposición, despojo y represión con aval desde el más alto nivel del Estado mexicano.