Desmiente, en los hechos, los presuntos acuerdos de cooperación con el gobierno de Trump

Mientras el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanza acusaciones directas y documentadas contra tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por operar como engranajes del lavado de dinero del crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum opta por la negación serena, casi despreocupada, como si se tratara de un malentendido menor entre socios comerciales.

Acusaciones graves: vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y el de Sinaloa, triangulación de millones de dólares para la compra de precursores químicos de fentanilo en China, reuniones entre ejecutivos y operadores del narco, y operaciones sistemáticas desde 2013. El Tesoro no sólo congeló operaciones financieras, sino que estrenó sus nuevas herramientas legales contra el fentanilo utilizando a estas instituciones como ejemplo de complicidad financiera internacional.

Pero en el México oficial de Sheinbaum, todo está en orden. “No hay pruebas”, sentencia la presidenta, como si la palabra bastara para conjurar el problema. Desde el púlpito de Palacio Nacional, descalificó el informe como si se tratara de rumores infundados. “Son dichos”, repite, exigiendo pruebas “contundentes”, mientras asegura que la UIF y la CNBV ya revisaron y, en el peor de los casos, hallaron faltas administrativas menores.

El contraste no podría ser más evidente: mientras en Washington se habla de terrorismo financiero, redes transnacionales y operaciones de alto impacto, en México se suaviza todo como si se tratara de simples errores contables. Sheinbaum remata con una fórmula clásica del nacionalismo defensivo: “No nos subordinamos a nadie, a México se le respeta”, como si la crítica —en este caso, proveniente de uno de los principales socios comerciales y financieros del país— fuera un acto de agresión y no un llamado de alerta.

Resulta, cuando menos, inquietante, que ante acusaciones de esta magnitud, el gobierno mexicano reaccione con una mezcla de desdén institucional y orgullo patriótico, ignorando que lo que está en juego no es sólo la reputación del sistema bancario, sino la credibilidad del Estado mexicano frente al crimen organizado.

En el país donde el fentanilo fluye, las fosas clandestinas crecen y los bancos lavan dinero, el mensaje oficial parece ser: “todo está bajo control”. Aunque para quienes observan desde fuera —y para quienes sufren las consecuencias dentro—, el panorama sea cada vez más alarmante.