Jalón de orejas de la Codhem a Ricardo Moreno por represión del 2 de octubre
El alcalde toluqueño presume de ser heredero de las luchas del 68, pero se diazordacizó
Por Jesús López Segura
El ayuntamiento de Toluca, encabezado por el alcalde morenista Ricardo Moreno Bastida, acaba de recibir un severo tirón de orejas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem). El organismo acreditó que durante el operativo policiaco desplegado el 2 de octubre de 2025, en plena marcha conmemorativa del movimiento estudiantil, se vulneraron derechos fundamentales tanto de manifestantes como de periodistas.
El saldo del operativo —que el gobierno municipal presentó en su momento como un ejercicio de “contención”— resulta bastante elocuente: al menos ocho reporteros agredidos, cinco estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México detenidos, una veintena de lesionados y hasta una patrulla incendiada. Un cuadro que, más que recordar la prudencia democrática que pregona Morena, evoca los reflejos represivos que durante décadas caracterizaron a los gobiernos que el propio movimiento juró desterrar.
Los hechos ocurrieron en pleno centro de Toluca, cuando elementos de seguridad municipal instalaron una barrera para impedir que los manifestantes avanzaran hacia Los Portales, donde se celebraban actividades de la tradicional Feria y Festival Cultural del Alfeñique. Al parecer, en la lógica municipal, la tranquilidad de los puestos de dulces típicos justificaba perfectamente el despliegue de la fuerza pública contra estudiantes y periodistas.
Tras investigar lo ocurrido, la Codhem emitió las recomendaciones 01/2026 y 02/2026, concluyendo que se violaron derechos esenciales: la libertad de manifestación pacífica, la integridad personal, la protección contra la violencia y la libertad de expresión en el ejercicio periodístico.
El ombudsperson estatal, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, intentó suavizar el golpe institucional aclarando que las recomendaciones no buscan desacreditar a las autoridades. Son, dijo, instrumentos propios de una sociedad democrática. Traducido del lenguaje diplomático de los organismos públicos: la autoridad municipal cruzó una línea que nunca debió cruzar.
La investigación de la primera visitadora general, Luz María Islas Colín, fue particularmente clara al señalar que policías municipales ejercieron violencia contra cinco víctimas, vulnerando su derecho a manifestarse y utilizando fuerza desproporcionada.
Por su parte, el segundo visitador general, Miguel Ángel Cruz Muciño, documentó violaciones específicas contra periodistas, tanto por acción como por omisión de los agentes municipales. En otras palabras: la policía no sólo golpeó o intimidó, sino que también obstaculizó el trabajo informativo.
Las recomendaciones son contundentes. El ayuntamiento deberá inscribir a las víctimas en el Registro Estatal de Víctimas para garantizar atención médica y psicológica, elaborar protocolos claros para el uso de la fuerza, proteger expresamente a periodistas y observadores de derechos humanos, capacitar a su personal en gestión pacífica de conflictos y establecer mecanismos de rendición de cuentas.
Es decir, el gobierno municipal deberá aprender —con manual y todo— lo que en teoría ya debería saber: que gobernar no es lo mismo que reprimir.
Lo más revelador del episodio, sin embargo, no es la recomendación de la Codhem —que al fin y al cabo cumple con su obligación institucional— sino el contraste político que deja al descubierto. Porque mientras Morena (y Moreno) reivindican en el discurso la memoria del 2 de octubre como símbolo de lucha contra el autoritarismo, en la capital mexiquense un gobierno emanado de ese mismo partido terminó respondiendo a macanazos una marcha estudiantil.
Así, entre discursos de transformación y operativos de “contención”, Ricardo Moreno parece haber descubierto una incómoda verdad de la política mexicana: el autoritarismo no desaparece con cambiar de partido; simplemente cambia de uniforme.
