No se presentaron exfuncionarios del Edomex y de Aleatica a la audiencia respectiva

En una jornada marcada por la expectativa, un juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, tomó la decisión de posponer la audiencia inicial y de imputación contra siete individuos, entre los cuales figuran cuatro exfuncionarios del gobierno mexiquense y representantes de la empresa Obrascón Huarte Lain (OHL), actualmente conocida como Aleatica. Este grupo enfrenta cargos por presunta asociación delictuosa, usurpación de funciones públicas y explotación de un bien de la nación en relación con el caso Circuito Bicentenario, lo que podría costarles 12 años de cárcel.

Según información proveniente del Poder Judicial de la Federación (PJF), el juez federal consideró injustificada la ausencia de comparecencia por parte de exfuncionarios, incluyendo a figuras destacadas como el ex secretario general de Gobierno del Estado de México, Ernesto Nemer; el ex secretario de movilidad, Luis Limón; el ex director del Sistema de Autopistas, Alberto Angulo; y el ex director de la Junta de Caminos, Jorge González Bezares.

Además, estaban citados a comparecer el ex presidente del Consejo de Administración de OHL, José Andrés de Oteyza; Sergio Hidalgo Monroy Portillo, presidente de OHL México, siendo esta empresa una filial de la compañía española OHL; y Rubén López Barrera, actual representante de OHL.

El abogado Paulo Díez Gargari le ha dado un seguimiento muy tenaz a este escándalo, alegando que la concesión federal para el Circuito Bicentenario, de 22 kilómetros de extensión, no existe, lo que incapacita al poderoso consorcio español -señalado en varios países de corrupción y de canalizar recursos malhabidos para campañas electorales- comete un delito relativamente grave, junto con los exfuncionarios mencionados, al explotar indebidamente el peaje de esa carretera, asentada en un espacio federal.

De tiempo atrás se ha especulado que con el nuevo gobierno morenista se podría poner fin a esta tremenda irregularidad que ha costado muchísimo dinero a los mexiquenses, visión alentada por la orden de aprehensión girada contra el alcalde priista de Toluca, pero esa impresión se desvanece cuando se observó, al mismo tiempo, una especie de luna de miel entre el Gobierno obradorista y el grupo político de Enrique Peña, que incluye al exgobernador Del Mazo, acusado de ceder la plaza electoral a cambio de impunidad. Además, OHL está también implicada -según algunas notas informativas- en la construcción de los tramos carreteros que conectarán el aeropuerto Felipe Ángeles, proyecto prioritario para el Presidente López Obrador.

La audiencia, originalmente programada para finales de la semana pasada, se vio abruptamente suspendida cuando ninguno de los siete señalados como presuntos responsables de facilitar la explotación ilegal se presentó ante el tribunal.

Según la investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) -plantea la nota respectiva de La Jornada-, las autoridades mexiquenses otorgaron de manera indebida la concesión de la vialidad a la entonces OHL, ya que la explotación del tramo correspondía a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), todo ello presuntamente “legalizado” durante el gobierno del priista Alfredo del Mazo.