“Vulnera derechos humanos, especialmente la presunción de inocencia y la libertad personal”

La reciente declaración de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) en contra de la prisión preventiva oficiosa subraya graves preocupaciones sobre la compatibilidad de esta medida con los estándares internacionales de derechos humanos. La prisión preventiva oficiosa, que obliga a encarcelar a una persona sin una evaluación judicial específica, atenta directamente contra principios fundamentales como la presunción de inocencia y la libertad personal, elementos esenciales de cualquier sistema de justicia que se pretenda justo y equitativo.

AMLO VS Poder Judicial

La ONU-DH critica que esta medida se equipara, en términos prácticos, a una pena anticipada, ya que no existe una diferencia material entre estar privado de la libertad por prisión preventiva y estarlo por una condena definitiva. Esta observación no es menor, ya que transforma la prisión preventiva en una sanción aplicada sin el debido proceso, lo que contraviene directamente tratados internacionales de los que México es signatario, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ya ha condenado.

Prisión Preventiva Oficiosa atenta contra derechos humanos

La crítica también se extiende a la afectación de la independencia judicial, puesto que la prisión preventiva oficiosa obliga a los jueces a encarcelar con base en disposiciones legislativas en lugar de criterios judiciales fundamentados. Esta situación no solo erosiona la autonomía del poder judicial, sino que también puede generar un sesgo en los fallos condenatorios para justificar la aplicación de esta medida cautelar, especialmente en casos de prisión preventiva prolongada sin límite de tiempo.

Prisión preventiva oficiosa

La ONU-DH alerta sobre cómo esta práctica vulnera no solo los derechos de los individuos, sino que también compromete la integridad del sistema de justicia acusatorio en México. La implementación de la prisión preventiva oficiosa representa un retroceso en la protección de los derechos humanos y plantea serios obstáculos para la consolidación de un sistema judicial que respete los principios de justicia y equidad.

La insistencia de la ONU-DH en su rechazo a esta medida subraya la urgencia de revisar y reformar las políticas actuales para alinearlas con las obligaciones internacionales y garantizar un sistema de justicia que verdaderamente respete y proteja los derechos fundamentales de todas las personas.