Hacienda solicita al Consejo de la Judicatura Federal dejar de cubrir los salarios del personal que no trabaje

AL GRANO. Por Jesús López Segura

Según una nota de El Universal, y luego de que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum reprochara que los trabajadores judiciales estuvieran en paro indefinido de labores pero cobrando sus salarios, la Secretaría de Hacienda desconoció como ilegítimo el paro nacional indefinido que llevan a cabo jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial desde el primer minuto de ayer, y envió un documento a la Secretaría de Gobernación y al Poder Judicial para pedirle al Consejo de la Judicatura dejar de pagar los salarios de quienes se están manifestando e incluso destituir a quienes se mantengan en paro.

La postura del gobierno federal refleja una estrategia contundente y polémica que pone en entredicho tanto la legitimidad de las demandas de los trabajadores judiciales como la autonomía de este poder del Estado.

Este enfoque, más punitivo que conciliador, lejos de buscar una solución negociada, aparenta estar dirigido a desarticular el movimiento mediante la coerción económica y el miedo a la pérdida de empleo, estrategias típicas de los gobiernos autoritarios.

Podrían despedir a los trabajadores en paro del Poder Judicial

El documento enviado por Hacienda argumenta que el CJF ha incurrido en irregularidades legales al dar a conocer el paro bajo una interpretación supuestamente incorrecta del artículo 123 constitucional, lo que cuestiona la competencia del tribunal que debería estar a cargo de este tipo de asuntos. Sin embargo, más allá de la discusión jurídica, la reacción gubernamental levanta dudas sobre el respeto a los derechos laborales y las libertades de los trabajadores del Poder Judicial.

Además, se subraya la obligación del CJF de pagar salarios solo si los trabajadores cumplen con su “eficiente desempeño”, lo que en este contexto se traduce en una negativa a reconocer el paro como un derecho legítimo de huelga. Esta interpretación estricta de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria puede ser vista como un intento de limitar el margen de acción de los trabajadores, imponiendo una visión rígida y centralizada del control laboral.

El énfasis en que la suspensión de actividades es “ilegal” y las amenazas de sanciones, que van desde descuentos salariales hasta la destitución, sugiere un ambiente de intolerancia hacia la disidencia dentro del Poder Judicial. La insistencia en que el paro no cumple con los requisitos legales para ser considerado huelga, y que, por lo tanto, constituye una “suspensión de labores”, revela una táctica gubernamental orientada a debilitar el movimiento mediante la negación de su carácter legítimo.

Podrían suspender a trabajadores del Poder Judicial en paro

Es crucial destacar que el documento también advierte que, de no aplicarse las medidas punitivas sugeridas, el Consejo de la Judicatura podría incurrir en daño al erario federal, lo cual añade una presión adicional sobre los órganos judiciales para que se alineen con la postura gubernamental. Esta amenaza de consecuencias fiscales podría interpretarse como una forma de intervención en la independencia judicial, poniendo en riesgo el delicado equilibrio de poderes en el país.

En conclusión, la postura del gobierno federal ante el paro en el Poder Judicial no solo es una demostración de fuerza sino también un reflejo de una visión que prioriza el control sobre el diálogo. Al desconocer la legitimidad del paro y al optar por medidas punitivas, se genera un ambiente de confrontación que podría tener implicaciones negativas tanto para la relación entre poderes como para la estabilidad laboral en el ámbito judicial. La crítica aquí radica en la aparente falta de voluntad para negociar y en el riesgo de que esta actitud erosione la confianza en las instituciones democráticas y en los mecanismos de justicia en México.