El problema es que a los miembros de ese tribunal no les afecta la reforma, lo que pone en duda su imparcialidad

LA VERSIÓN NO OFICIAL. Por Jesús López Segura

La Reforma Judicial ha sido cuestionada profusamente en el fondo. Ahora se le critica en la forma. La ausencia de reglas claras para el proceso electoral judicial de 2025 ha generado un nuevo frente de litigios, con jueces, magistrados y ciudadanos que impugnan la validez del proceso. La controversia principal se centra en la falta de certeza sobre las reglas de participación, lo que ha llevado a la presentación de recursos de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sumándose a las críticas previas de fondo contra la Reforma Judicial. Este conjunto de impugnaciones revela una profunda insatisfacción con la reforma, que afectó tanto a quienes están en la carrera judicial como a ciudadanos interesados en postularse, como es el caso del abogado Carlos Alberto Soto Zertuche, quien cuestiona la exclusión de candidatos independientes, como lo revela Carina García en un amplio reportaje de la revista Expansión.

Los impugnantes denuncian que la reforma ignora principios básicos de equidad y transparencia, al iniciar el proceso sin un marco legal adecuado, lo que vulnera derechos fundamentales, como el de ser votado. A esto se suma la aceleración del proceso electoral, en contradicción con el artículo 105 de la Constitución, que exige un periodo mínimo de 90 días entre la promulgación de reformas electorales y su implementación. Esta falta de previsión ha sido vista como una “grave vulneración” al principio de certeza.

Sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Otro sector afectado incluye a funcionarios judiciales que esperaban ascender mediante la carrera judicial, proceso que ha sido desmantelado por la reforma, dejándolos sin opciones claras de promoción. La falta de reglas claras y equitativas para el proceso electoral no solo afecta a los aspirantes, sino que también pone en duda la legitimidad de la elección misma, al generar incertidumbre sobre la validez de las fases del proceso y los principios de legalidad e imparcialidad.

La ironía subyacente en esta crisis es que mientras el TEPJF no ha sido afectado por la reforma y sus magistrados podrán permanecer en sus cargos hasta 2027, jueces y magistrados de otras instancias ven cercenadas sus oportunidades. El conflicto abre una profunda brecha en la confianza pública en el sistema judicial, planteando serias interrogantes sobre la imparcialidad y la justicia en las próximas elecciones. Lamentablemente, la Presidenta Claudia Sheinbaum insiste con su sentencia de que la reforma va, negándose por completo al diálogo y obsesionada con la mentira de que, porque ya es una reforma constitucional aprobada, la Suprema Corte (SCJN) no la puede evaluar.