La oposición señala que esta ley está fuera de la realidad

El Senado mexicano, dominado por Morena y sus aliados, aprobó la Ley de Ingresos y la Ley de Derechos para 2025, proyectando recursos totales de 9.3 billones de pesos para la federación. Si bien estas reformas buscan reforzar la recaudación fiscal y aumentar los ingresos del Estado, las críticas de la oposición subrayan un abismo entre las expectativas del gobierno y la realidad económica.

Optimismo oficial frente a críticas de ficción

El gobierno proyecta un crecimiento del 3.3% en ingresos tributarios y calcula un aumento económico que contrasta con las estimaciones de calificadoras internacionales, las cuales predicen un crecimiento inferior al 1.1%. Legisladores de oposición calificaron la ley como “ficticia” y acusaron a la Secretaría de Hacienda de manipular cifras para justificar metas inalcanzables.

La senadora Carolina Viggiano (PRI) señaló que se sobreestiman los ingresos, mientras que Guadalupe Murguía (PAN) calificó las proyecciones de irreales, dado el contexto de desaceleración económica en México y Estados Unidos. Estas discrepancias apuntan a un problema estructural: la falta de fundamentos sólidos en los pronósticos económicos del gobierno.

Por su parte, defensores de la reforma, como la senadora del PT Lizeth Sánchez, celebraron el compromiso con la justicia social, asegurando que esta legislación beneficia al pueblo en lugar de favorecer a las élites. Sin embargo, este discurso no logra disipar las dudas sobre la falta de transparencia en el uso de los recursos y los impactos reales en la población.

El gobierno proyecta un crecimiento del 3.3% en ingresos tributarios para 2025

Ley de Derechos: ¿recaudación o castigo?

La Ley de Derechos también generó controversia al actualizar cuotas en diversos sectores. Entre las medidas más discutidas destaca la obligación de los pasajeros de cruceros de pagar una cuota de 42 dólares al ingresar a puertos mexicanos. Según el senador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio, este incremento podría convertir a México en uno de los destinos más caros del Caribe, afectando directamente a estados como Quintana Roo, donde el turismo representa el 40% del PIB.

Además, las cuotas en Áreas Naturales Protegidas y zonas costeras generaron inquietud entre los legisladores de oposición, quienes cuestionaron si el aumento de ingresos realmente beneficiará a los sectores que lo necesitan o si se destinará a proyectos emblemáticos del gobierno sin rendición de cuentas.

Pasajeros de cruceros debertán pagar una cuota de 42 dólares al ingresar a puertos mexicanos

La clave está en la ejecución

Aunque la aprobación de estas reformas se presentó como un avance hacia la justicia fiscal, su éxito dependerá de una implementación eficiente y transparente. El senador del PVEM Waldo Fernández enfatizó la necesidad de una recaudación más progresiva y equitativa. Sin embargo, los antecedentes de opacidad y falta de incentivos fiscales generan dudas sobre si estas leyes cumplirán con sus promesas o si se convertirán en otra carga para los sectores productivos y las familias mexicanas.

Un futuro incierto

Con la reforma ahora en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación, las críticas de la oposición no pueden ser ignoradas. Las preguntas centrales siguen siendo: ¿Serán suficientes estos ingresos para responder a las demandas de la población? ¿El optimismo oficial terminará confrontando una cruda realidad económica? El 2025 será el año en que se ponga a prueba la viabilidad de estas ambiciosas proyecciones.