De los 27 perfiles “idóneos” que el CEPE avaló, 22 habían trabajado directamente con Zaldívar

Con el nuevo diseño del Poder Judicial de la Federación, Morena no solo busca cambiar jueces, sino controlar la justicia desde sus cimientos. ¿Y quién mejor para orquestar esta captura institucional que el operador más disciplinado de la 4T: Arturo Zaldívar? El ministro en retiro no perdió tiempo en usar su nuevo cargo como coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia para imponer su red de incondicionales en la Corte y el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), el cual servirá de garrote para alinear a los jueces que se atrevan a pensar por cuenta propia.

Zaldívar no fue solo un integrante del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo (CEPE) que seleccionó a los candidatos, fue el verdadero arquitecto del reparto. Un juez y parte que metió a 21 de los suyos en la carrera por ocupar posiciones clave en la SCJN, el TDJ, tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito. La consigna: lealtad absoluta, no a la Constitución, sino al proyecto político de Morena.

De los 27 perfiles “idóneos” que el CEPE avaló, 22 habían trabajado directamente con Zaldívar. Y de esos, 14 ya figuran en la planilla electoral, aspirando a convertirse en ministros de la nueva Corte o en magistrados del TDJ, el órgano que tendrá el poder de castigar —o premiar— a jueces federales según su obediencia política. Los entrevistadores del CEPE, faltaba más, también fueron parte de su séquito en la Corte.

El favoritismo es descarado, como lo revela un análisis de la revista Proceso. La lista incluye a Ana María Ibarra Olguín, exdirectora del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte bajo Zaldívar; Fabiana Estrada Tena, su excoordinadora de asesores; y magistradas como Marisol Castañeda y Lorena Josefina Pérez Romo, activas colaboradoras del proyecto académico impulsado por el ministro en su cruzada por adoctrinar al nuevo personal judicial.

Pero el reparto de cuotas no se detiene ahí. Sergio Javier Molina, consejero del CJF, también está en la lista. Es el mismo que votó por desechar la denuncia contra Zaldívar y su mano derecha, Carlos Alpízar, acusados de manipular jueces para favorecer causas de la 4T. Jueces como Gabriel Regis, señalado por acudir al piso 14 del CJF para recibir línea directa de Alpízar, ahora aspiran a apropiarse de la Suprema Corte.

En el caso del TDJ, aparecen nombres como Jaime Santana Turral y José Artemio Zúñiga, ambos mencionados en la denuncia contra la red de “juzgadores a modo”. Incluso Zúñiga había sido impulsado por la Secretaría de Gobernación para un cargo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero el Senado lo detuvo… esa vez.

A la lista se suman cinco excolaboradores de Zaldívar que ahora buscan ser magistrados de circuito y otros seis que aspiran a ser jueces de distrito. Todos pasaron por el filtro del CEPE, coordinado técnicamente por Carlota Ramos y operado por otros tres exfuncionarios de la Corte bajo las órdenes del ministro: Alejandra Spitalier, Miguel Casillas y Alejandro Téllez.

Por si quedaba alguna duda del dedazo institucionalizado, Celia Maya y Bernardo Bátiz, dos aliados históricos del obradorismo, obtuvieron pase automático al TDJ gracias a la reforma judicial que, paradójicamente, dice buscar eliminar privilegios. Ambos votaron también por limpiar el nombre de Zaldívar y Alpízar. Todo queda en familia.

Zaldívar, recordemos, renunció en 2023 tras fracasar en su intento de extender su presidencia en la Corte por dos años más, como lo deseaba AMLO. Se fue con un retiro de lujo: 192 mil pesos mensuales (que bajarán un poco en 2026), y de inmediato se pasó al equipo de campaña de Morena. Ya con Sheinbaum en el poder, fue premiado con un nuevo cargo de confianza y un sueldo de 131 mil pesos, menos que su pensión, pero con mucho más poder real: el de decidir quién podrá juzgar… y a quién jamás se tocará.

Así nace el nuevo Poder Judicial de la Federación: no como un contrapeso, sino como un instrumento de control político, hecho a la medida de Morena, operado por Zaldívar, y destinado a blindar con toga y mazo el proyecto transexenal de la 4T.

Y no es que quien esto escribe añore con nostalgia los viejos procedimientos mediante los cuales el prianismo hacía exactamente lo mismo: imponer jueces, magistrados y ministros perfectamente funcionales respecto de sus obsesiones burocráticas. Lo que choca en este caso es que la nueva imposición se enmascara en un proceso presuntamente “democrático” en el que es el pueblo –y no una renovada oligarquía– el que determina quiénes serán sus juzgadores.

También indigna la prepotencia con la que operan los fanáticos del obradorismo, tan convencidos de las bondades de su proyecto, a pesar de la avalancha de datos en contrario, que no toleran la crítica y tratan a quienes disentimos con el desprecio de los tiranos… Al menos los prianistas eran más tolerantes.