Sheinbaum frenará las pensiones de lujo, pero sin efecto retroactivo y sin tocar a Jesús Ramírez
Anuncia iniciativa al respecto, lo que indica que quizá sí leyó el libro de Julio Scherer Ibarra…
Por Jesús López Segura
Tras el escándalo destapado por el libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer Ibarra, que acusa al exvocero Jesús Ramírez Cuevas de haber convertido un decreto sobre “compensaciones vitalicias” en herramienta de operación política, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que ahora sí —ahora sí— se acabaron las pensiones doradas en organismos como Luz y Fuerza del Centro, Pemex, CFE y Nafin. Pero claro, de Chucho Ramírez, su jefe de asesores, no dijo ni pío…
La iniciativa reforma el artículo 127 para ponerle techo a las jubilaciones de altos mandos de confianza: máximo 50% del salario presidencial, es decir, unos 70 mil pesos mensuales. “Que ya es bastante”, dijo la mandataria. Traducción: de cobrar entre 300 mil y un millón al mes, pasarán a sobrevivir con apenas cinco cifras. Una tragedia para la alta burocracia.
El problema es que el festín lleva más de 16 años servido. En LyFC, 9 mil 457 extrabajadores reciben entre 100 mil y un millón de pesos mensuales; 3 mil 504 ganan más que la propia presidenta. El costo anual: 28 mil millones de pesos, más 2 mil 367 millones en ISR subsidiado. En Pemex, 22 mil jubilados del régimen de confianza cuestan 22 mil 844 millones al año. En CFE, 54 mil jubilados representan casi 50 mil millones anuales. Y así, entre banca de desarrollo y paraestatales, la austeridad republicana convivía cómodamente con jubilaciones de magnate.
La promesa es ahorrar 5 mil millones de pesos al año para destinarlos a programas sociales como la Pensión para el Bienestar. El detalle incómodo: “lo que ya fue, ya fue”. Es decir, lo cobrado durante años —incluido el sexenio anterior— queda intacto. La transformación empieza… a partir de que el Congreso lo apruebe.
Sheinbaum sostiene que se trata de austeridad republicana, humanismo mexicano y responsabilidad financiera. Sus críticos dirán que más bien es control de daños tras un escándalo que exhibe cómo las “compensaciones vitalicias” podían servir tanto para jubilar privilegiados como para aceitar redes políticas.
En suma: el gobierno que prometió terminar con los privilegios ahora anuncia que, en efecto, piensa empezar a hacerlo. Pero sin tocar el pasado, sin devolverle al pueblo lo robado y con la conveniente aclaración de que los contratos colectivos no se tocan. La revolución administrativa, por fin, llega… con efectos no retroactivos.
