Documento interno de la Marina describe con detalle red de huachicol fiscal durante su gestión
La columna de hoy de Raymundo Riva Palacio sobre la corrupción en Aduanas es, en esencia, una pieza incómoda que vuelve a poner bajo reflectores a uno de los personajes más influyentes del actual gobierno del Estado de México: Horacio Duarte Olivares. Y lo hace con un detalle que resulta particularmente irónico, dado que el funcionario acaba de declarar en una entrevista local que jamás ha sido requerido por autoridad alguna por sus presuntos nexos con el llamado huachicol fiscal.
Según el texto publicado en Estrictamente Personal, el paso de Duarte por la dirección de Aduanas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no sólo habría coincidido con uno de los periodos más oscuros de ese organismo, sino que —de acuerdo con un documento confidencial de la Marina— habría sido el momento en que se consolidó una extensa red de corrupción que involucraba a civiles, marinos y operadores vinculados al crimen organizado.
La pieza de Riva Palacio no acusa directamente a Duarte con adjetivos estridentes; hace algo más devastador: enumera nombres, cargos y conexiones que, según ese informe interno de la Secretaría de Marina, habrían operado bajo su administración. En el centro de la estructura aparece el entonces subdirector de Operación Aduanera, Juan Carlos Madero Larios, descrito como pieza clave de un entramado que conectaba contrabandistas, mandos navales y funcionarios aduaneros.
El documento —que, según el columnista, circuló dentro de la Marina en 2022— describe una maquinaria que funcionaba con precisión burocrática: funcionarios encargados de modernización, evaluaciones, módulos de rayos X y despachos aduaneros presuntamente coordinados para facilitar contrabando, manipulación de registros y operaciones ligadas al crimen organizado, incluso con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La red, siempre según ese informe, no era local ni improvisada. Se extendía por todo el país: desde Pantaco en la Ciudad de México hasta los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, pasando por las aduanas de Mexicali, Nuevo Laredo y Nogales. En algunos casos —detalla el documento— los sobornos llegaban a 40 mil pesos por operación para funcionarios aduanales.
El retrato que emerge de la columna del periodista es el de una estructura profundamente institucionalizada, donde incluso funcionarios de la Fiscalía General de la República habrían participado en inspecciones simuladas para encubrir las maniobras ilegales.
Pero el rasgo más mordaz del texto no está en los detalles del esquema, sino en la conclusión implícita: nadie ha sido investigado en serio. Ni Duarte, ni quienes lo rodeaban. De hecho, varios de los protagonistas de esa etapa han seguido ascendiendo en la vida pública.
Así, mientras el actual secretario general de Gobierno mexiquense insiste en que ninguna autoridad lo ha llamado a cuentas, la columna de Riva Palacio deja flotando una pregunta incómoda: si un informe interno de la Marina describe con tanto detalle una red de corrupción que floreció bajo su gestión, con todo y que él prometió en una entrevista publicada en video por el diario Reforma que tomaría cartas en el asunto, ¿la ausencia de investigaciones es prueba de inocencia… o simplemente de silencio político?
En otras palabras: Duarte asegura que nunca lo han requerido. La columna sugiere que tal vez el verdadero misterio no es por qué no lo han citado… sino por qué nadie se ha atrevido siquiera —hasta ahora— a intentarlo.
