El “Escudo de las Américas” y la soberanía de utilería. AL GRANO. Por Jesús López Segura
Mientras la burocracia aliada al narco sobreviva, cualquier estrategia será un show mediático
En México se repite el ritual retórico de la soberanía —ese mantra que se pronuncia con solemnidad cada vez que Washington levanta una ceja— justo cuando en Miami se anunció un radical cambio de reglas que vuelve ese discurso poco menos que obsoleto.
Estados Unidos formalizó una alianza militar con 17 países del hemisferio para enfrentar al crimen organizado, al tiempo que ubicó a México como el epicentro de la violencia criminal, es decir, como el enemigo en esa estrategia de guerra.
La frase pronunciada en Florida fue brutalmente clara: “no existe una solución penal para el problema de los cárteles; estas organizaciones sólo pueden ser derrotadas con poder militar”. Traducido al lenguaje de la política real: la guerra contra el narcotráfico abandona los tribunales y las estrategias policiales para entrar al terreno de la confrontación bélica internacional.
No se habla —al menos formalmente— de crear un ejército continental permanente, sino de una coalición flexible capaz de desplegar fuerzas militares contra organizaciones trasnacionales consideradas terroristas, justo esas que se desarrollaron y crecieron al amparo de la farsa de los abrazos y no balazos a la delincuencia.
Pero el mensaje político es inequívoco: Washington está construyendo la arquitectura legal y militar que legitime actuar contra esos actores incluso cuando los Estados donde operan no logren —o no quieran— desmontar sus redes.
Mientras ese nuevo tablero geopolítico se arma con precisión en Washington, el gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en repetir que no necesita tropas estadounidenses y que la soberanía nacional es intocable. El mandatario Ku Klux Klan ha sido humillantemente histriónico al imitar el pánico de Claudia Sheinbaum ante su sugerencia de eliminar al narco.
Se capturan capos. Se decomisan cargamentos. Se anuncian operativos conjuntos. Y, sin embargo, el negocio se regenera con puntualidad casi mecánica.
La explicación es incómoda pero evidente: la estructura política que lo sostiene sigue intacta.
El sistema mexicano —desde policías municipales hasta oficinas federales— continúa salpicado por funcionarios que aparecen periódicamente en la nómina del crimen organizado. Que alcaldes, policías o mandos estatales cobren del narco ya no sorprende a nadie; lo verdaderamente insólito es que el Estado mexicano continúe actuando como si ese detalle fuera anecdótico.
México convive, en realidad, con algo más inquietante: una gobernanza criminal que compite con el propio Estado en funciones básicas de autoridad, regulación y control territorial.
Mientras esa burocracia paralela —esa hidra política que protege, tolera o administra el narcotráfico— permanezca intacta, cualquier ofensiva contra los cárteles será apenas cirugía cosmética.
Ese es el punto ciego que el gobierno de Sheinbaum parece evitar con meticulosa disciplina y, si lo publicado por Mario di Costanzo es cierto, con sumisa obediencia.
Porque desmontar esa red implicaría tocar intereses incrustados en el mismo sistema político que la llevó al poder. En otras palabras: confrontar a la maquinaria cuyo jefe máximo —todos lo saben— fue precisamente quien la sentó en la silla presidencial.
En tanto ese tumor siga fuera del quirófano, la lucha contra el narcotráfico seguirá siendo un espectáculo de bisturí… aplicado siempre lejos de la raíz del cáncer.
Y mientras ese tablero geopolítico se mueve, el gobierno mexicano se ocupa en otro debate: una reforma electoral que ni siquiera roza el financiamiento criminal de las campañas.
Es decir, el dinero del narcotráfico que durante años lubricó la maquinaria política sigue cuidadosamente fuera del radar.
Al final, la paradoja es simple:
México invoca la soberanía todos los días… pero evita tocar la corrupción que la vuelve imposible.
