Comité de la ONU acusa: en México hay crímenes de lesa humanidad. AL GRANO. Por Jesús López
La 4té y su respuesta típica: negar, descalificar y patear el balón hacia otras administraciones
El diagnóstico es demoledor: la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), advierte que en México hay indicios fundados de desapariciones forzadas con carácter de crímenes de lesa humanidad. No se trata de un arrebato retórico, sino de una conclusión sostenida en años de información acumulada, visitas al país, testimonios de víctimas y datos oficiales que dibujan un patrón persistente: miles de desaparecidos, fosas clandestinas por miles y un Estado rebasado. El propio Comité subraya que no hace falta una orden presidencial ni una política centralizada para hablar de lesa humanidad; basta la sistematicidad del horror. Y en México, ese requisito parece cumplirse con macabra puntualidad.
Pero frente a ese señalamiento internacional de alto calibre, el gobierno mexicano opta por la vieja evasiva: negar, descalificar y patear el balón hacia administraciones pasadas. Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación se acusa al informe de “tendencioso”, “parcial” y carente de rigor jurídico, como si el problema fuera el mensajero y no las más de cien mil ausencias que siguen sin respuesta. El argumento oficial se refugia en que no hay una política federal para desaparecer personas —como si eso bastara para desmontar la gravedad del señalamiento— y presume esfuerzos institucionales que, a juzgar por los propios datos, no han logrado contener la crisis.
Así, mientras la ONU pide cooperación urgente y advierte que la situación no mejora sustancialmente, el gobierno responde con una mezcla de susceptibilidad y autoelogio. La paradoja es grotesca: ante uno de los organismos más importantes del mundo señalando una tragedia humanitaria, la reacción no es abrirse al escrutinio, sino cerrar filas y desacreditar. En el país de las fosas y los desaparecidos, la prioridad parece ser no encontrarlos, sino tener razón.
La respuesta oficial en la capital no desentona con el libreto federal: frente al señalamiento de la Organización de las Naciones Unidas, el Gobierno de la Ciudad de México opta por mirar al retrovisor. Según su versión, el informe del Comité se quedó atrapado entre 2009 y 2017, como si las desapariciones hubieran decidido, por cortesía política, no cruzar la frontera de 2018. La crítica internacional no sería entonces un llamado urgente, sino una especie de malentendido cronológico que —casualmente— ignora la “transformación” en curso. El problema, otra vez, no es la magnitud de la tragedia, sino que alguien no leyó bien el guion oficial.
El coro institucional se completa con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se suma a descalificar el informe por “sesgado”, mientras defiende que no se agotaron las instancias nacionales —como si la dimensión del desastre admitiera trámites burocráticos antes de encender las alarmas globales—. En contraste incómodo, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México rompe filas y sugiere algo casi subversivo: tomar el informe como una oportunidad para dialogar y mejorar. Una herejía en tiempos donde la autocrítica parece más peligrosa que la propia crisis.
