Sheinbaum rectifica la estupidez de Mario Delgado, pero… AL GRANO. Por Jesús López Segura
Pedir la renuncia del secretario de Educación es suponer que le queda algo de dignidad
La intentona de la Secretaría de Educación Pública para recortar de golpe el ciclo escolar 2025-2026 terminó convertida en una exhibición pública de improvisación, frivolidad administrativa y desconexión absoluta respecto de la función esencial del Estado en materia educativa. Y el principal responsable político de ese desaguisado fue el mismísimo titular de la SEP, Mario Delgado, quien pareció olvidar que su obligación constitucional no es facilitar operativos logísticos para la Copa Mundial de Futbol, sino garantizar el derecho a la educación de millones de niños y jóvenes mexicanos, porque lo del clima extremo azota por igual a los hogares que a las escuelas.
La gravedad del episodio no radica únicamente en la ocurrencia de adelantar el cierre del ciclo escolar más de un mes —del 15 de julio al 5 de junio—, sino en los argumentos utilizados para justificar semejante despropósito. El secretario llegó al extremo de sostener que las escuelas no deben servir como “resguardo” para hijos de trabajadores y que el calendario escolar vigente sería un “residuo tecnocrático” inspirado en estándares de la OCDE. En otras palabras, intentó revestir de discurso ideológico una medida que, en los hechos, parecía diseñada para aliviar presiones logísticas derivadas del Mundial de 2026, particularmente en la Ciudad de México gobernada por su aliada Clara Brugada.
Porque, más allá de la retórica grandilocuente sobre “territorios de aprendizaje” y “salud mental”, la propuesta implicaba cancelar alrededor de seis semanas efectivas de clases para millones de estudiantes en un país que arrastra rezagos educativos monumentales desde la pandemia y aún antes. Resulta difícil imaginar un mensaje más devastador viniendo precisamente del secretario de Educación: que las semanas posteriores a la entrega de calificaciones constituyen poco menos que “tiempo muerto”, burocracia inútil y aulas abiertas “sin propósito pedagógico”.
La declaración es demoledora por lo que revela. Si realmente existe un periodo de un mes entero en el que el sistema educativo “ya no enseña nada”, entonces el problema no son los días de clase, sino la incapacidad de la SEP para conducir pedagógicamente a las escuelas. Un secretario comprometido con la educación habría anunciado programas de reforzamiento académico, regularización o actividades formativas complementarias. Mario Delgado hizo exactamente lo contrario: normalizó la idea de que una parte sustancial del calendario escolar es prescindible.
Y allí aparece la verdadera dimensión política del escándalo. La sospecha generalizada fue que la SEP pretendía subordinar el calendario educativo a las necesidades operativas del Mundial de Futbol, particularmente en la capital del país. El argumento de los “conflictos de movilidad” sonó desde el inicio a pretexto burocrático para facilitar la gestión urbana de Clara Brugada durante el evento deportivo. Es decir, sacrificar semanas de formación escolar para evitarle dolores de cabeza logísticos al gobierno capitalino.
La torpeza política fue todavía mayor porque el propio gobierno terminó contradiciéndose en público. La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que intervenir para enfriar la ocurrencia y dejar claro que se buscaba conservar las seis semanas tradicionales de vacaciones. El resultado fue humillante para la SEP: después de días de críticas de padres de familia, maestros, especialistas, empresarios y gobernadores, Mario Delgado tuvo que dar marcha atrás y sostener exactamente lo contrario de lo que había defendido con tono doctrinario apenas horas antes.
El episodio dejó además una imagen preocupante del funcionamiento interno del gobierno. Primero se anunció un supuesto acuerdo “por unanimidad”; después se reconoció que faltaban voces fundamentales en la discusión; finalmente, tras seis horas de deliberación y presión pública, se canceló todo. Es decir: una decisión de enorme impacto nacional se tomó sin consenso real, sin medir consecuencias sociales y aparentemente sin siquiera calibrar el costo político.
Pero quizá lo más alarmante fue el desprecio implícito hacia la educación misma. Cuando el secretario afirma que mantener abiertas las escuelas constituye una “estancia forzada”, transmite la idea de que el tiempo escolar es una carga administrativa y no una inversión estratégica para el país. En una nación con graves problemas de comprensión lectora, abandono escolar y aprendizaje matemático, la señal resulta casi obscena.
México puede organizar mundiales, conciertos masivos o megaproyectos; lo inadmisible es que el aparato educativo nacional se acomode como si la enseñanza fuese un obstáculo secundario frente a la agenda política o deportiva. El mensaje que terminó enviando la SEP fue devastador: para ciertos funcionarios, las clases al final de los ciclos escolares, cuando culmina una presunta formación pedagógica, son absolutamente prescindibles si se trata de facilitar, a costa de quebrantar la vida familiar y laboral, eventos por completo ajenos a la educación.
Finalmente, la imagen de los secretarios de Educación de los estados que por “unanimidad” son capaces de aprobar, como manada de borregos, una indicación federal y, al día siguiente, exactamente lo contrario, es elocuente para retratar en manos de quiénes está la formación de nuestras nuevas generaciones.
