No es “entre Trump y los duros” como dice Ana Paula Ordorika. AL GRANO. Por Jesús López S.
El dilema en el que Sheinbaum se siente atrapada es simple: aplicar o no la Constitución
La columna de Ana Paula Ordorica (“Entre Trump y los duros“. El Universal) plantea con habilidad narrativa un escenario de tensión para Claudia Sheinbaum: atrapada entre las presiones externas de Donald Trump y las internas de los sectores más duros de Morena. Sin embargo, ese encuadre —eficaz para el dramatismo político— termina por simplificar en exceso lo que en realidad es un asunto menos ambiguo y mucho más contundente desde el punto de vista jurídico: no hay tal “tercera vía”, sino una sola obligación constitucional.
Ordorica acierta al señalar que el problema de la soberanía no comienza en Washington, sino en los territorios donde el crimen organizado suplanta al Estado. Ese diagnóstico es difícil de rebatir. También es pertinente su crítica al uso faccioso de conceptos como “traición a la patria” contra Maru Campos, por ejemplo, o a la propaganda que polariza el debate instigada por Jesús Ramírez Cuevas. No obstante, la columna cae en una trampa frecuente: presentar como dilema político lo que en esencia se reduce a un mandato legal.
Porque, más allá de las presiones de Trump o de las resistencias internas, la disyuntiva real de la presidenta no es equilibrar fuerzas, sino cumplir la ley. Y eso implica, sin matices, someter al imperio jurídico a todos los actores políticos que mantengan vínculos con el crimen organizado, sin importar su filiación partidista, su cercanía con el poder o las consecuencias diplomáticas.
El problema de fondo no es si se coopera o no con Estados Unidos —un punto que Ordorica desarrolla correctamente al desmontar la falsa equivalencia entre cooperación y subordinación—, sino si el Estado mexicano está dispuesto a ejercer plenamente su facultad coercitiva dentro de su propio territorio. En ese sentido, la “cuerda floja” que describe la autora es, en realidad, una construcción política que diluye responsabilidades: ningún cálculo estratégico debería colocarse por encima del cumplimiento de la ley.
Más aún, al sugerir que la presidenta debe “administrar” a Trump mientras contiene a los duros de Morena, la columna parece aceptar que la política puede modular la aplicación de la justicia. Y ahí es donde su argumento se debilita: el Estado de Derecho no admite graduaciones según la conveniencia política del momento.
El caso de Chihuahua, citado como ejemplo del deterioro del debate público, refuerza precisamente esta idea. No se trata de encontrar villanos mediáticos ni de dosificar culpas, sino de esclarecer hechos y, en su caso, fincar responsabilidades conforme a Derecho. Lo contrario —como bien apunta la autora— solo beneficia al crimen organizado. Pero esa conclusión conduce inevitablemente a una exigencia más firme de la que la propia columna se atreve a plantear: aplicar la ley sin excepciones.
En síntesis, la columna de Ordorica es sólida en el diagnóstico y certera en su crítica a la polarización, pero se queda corta en la conclusión. No hay una “tercera vía” entre Trump y los duros. La única ruta legal y políticamente legítima para el gobierno de Sheinbaum es una: hacer valer el Estado de Derecho con independencia de cualquier presión, interna o externa. Todo lo demás —equilibrios, narrativas, cálculos— pertenece al terreno de la grilla común y corriente; la obligación constitucional, en cambio, no admite negociaciones.
Luego de la contundente “Declaración de los Mochis” -por cuenta del embajador de EE. UU. Ronald Johnson, en la que advirtió, sin anestesia, sobre el inicio de una campaña anticorrupción contra funcionarios mexicanos con presuntos nexos con el crimen organizado, amparándose en el T-MEC, lo que podría derivar en cargos formales en cortes estadounidenses-, Sheinbaum debería por fin tomar en serio que ya no puede estar caminando en la cuerda floja, porque esa frontera no limita las presiones entre los duros de Morena (los presuntamente relacionados con grupos criminales) con el Gobierno de Donald Trump, sino con la Constitución que ella juró hacer cumplir.
No es un asunto de soberanía, como los asesores de la mandataria desean hacer creer (por cierto dirigidos por Ramírez Cuevas, el más duro de los rígidos) sino un problema de cumplir o no con la ley. Si no lo hace, Sheinbaum pasará a la historia como cómplice. ¿A qué tanto brinco estando el suelo tan parejo?
