Salvador García Soto describe a Manuel Cadena como un depredador empresarial
Por arte de magia judicial, controla activos, acciones o decisiones estratégicas de empresas
Por Jesús López Segura
Según Salvador García Soto, el PRI podrá estar en terapia intensiva electoral, pero algunos de sus viejos cuadros parecen gozar de cabal salud cuando se trata de encontrar nuevas formas de hacer negocios al amparo de los tribunales. El columnista pone bajo los reflectores al texcocano Manuel Cadena Morales, exdiputado federal y exsecretario de Gobierno mexiquense, a quien diversas partes involucradas señalan como presunto operador de un esquema que convierte a socios minoritarios en auténticos conquistadores corporativos.
La mecánica descrita por García Soto parece sacada de un manual de expropiación privada: un socio con participación marginal acude a tribunales, obtiene medidas cautelares extraordinarias y, casi por arte de magia judicial, termina controlando activos, acciones o decisiones estratégicas de empresas multimillonarias. Lo llamativo, apunta el periodista, es que los casos presentan demasiadas coincidencias para ser casualidad: la misma jueza, el mismo despacho de abogados, el mismo tipo de demandantes y resultados sorprendentemente similares.
Hospital HMG Coyoacán
En los expedientes relacionados con CI Banco y el Hospital HMG Coyoacán, lo que comenzó como la actuación de accionistas minoritarios terminó derivando en decisiones que afectaron el control efectivo de compañías enteras. Y detrás de esos movimientos, según las acusaciones recogidas por García Soto, aparece recurrentemente el apellido Cadena.
La historia adquiere además un inconfundible aroma a Grupo Atlacomulco reciclado. Manuel Cadena pertenece a una familia estrechamente ligada al viejo priismo mexiquense, esa cantera inagotable de funcionarios, contratistas, desarrolladores inmobiliarios y administradores de recursos públicos que durante décadas confundieron el Estado con una sociedad anónima de su propiedad.
La pregunta que deja flotando el columnista es inquietante: si un accionista con menos del cinco por ciento puede, mediante resoluciones judiciales, paralizar operaciones, bloquear activos o incluso asumir el control de una empresa, ¿estamos frente a una novedosa defensa de los derechos corporativos o ante una sofisticada modalidad de extorsión empresarial con toga y sello judicial?
Porque, al final, el problema no es sólo que el PRI siga produciendo personajes polémicos aun en su ocaso político. Lo verdaderamente preocupante es que, según la narrativa expuesta por García Soto, algunos de sus veteranos operadores habrían descubierto que resulta mucho más rentable conquistar empresas desde los juzgados que ganar elecciones en las urnas.
