Sanciona EU a compañías involucradas con el Huachicol Fiscal. AL GRANO. Por Jesús López S.
Se trata de redes criminales que financian campañas. Sheinbaum responde: “no hay pruebas”
Por Jesús López Segura
La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum ante uno de los señalamientos más delicados que ha formulado el gobierno de Estados Unidos sobre la penetración del crimen organizado en la política mexicana fue, cuando menos, desconcertante: aseguró, como ya se le ha hecho costumbre, que las acusaciones “carecen de pruebas”.
El problema es que el documento al que respondió no consiste en una ocurrencia lanzada desde una conferencia de prensa ni en un rumor difundido en redes sociales. Se trata del comunicado oficial mediante el cual el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra una red empresarial y financiera presuntamente vinculada al robo y contrabando de combustibles operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En ese mismo documento, el gobierno estadounidense sostiene que las enormes ganancias generadas por el llamado huachicol fiscal no sólo fortalecen a las organizaciones criminales, sino que también sirven para financiar campañas políticas, comprar voluntades en los medios de comunicación y facilitar la llegada al poder de funcionarios dispuestos a colaborar con los cárteles.
La afirmación es contundente: los cárteles utilizan recursos obtenidos mediante la venta ilegal de combustible para realizar pagos en efectivo a campañas políticas mexicanas y favorecer la elección de políticos corruptos que, una vez en el cargo, facilitan operaciones de contrabando, lavado de dinero y acceso a contratos públicos.
Es importante precisar que el Departamento del Tesoro no acusa en este documento a un partido político o a un funcionario en particular. Lo que describe es un modus operAndy que, según sus investigaciones financieras, forma parte del funcionamiento de estas organizaciones criminales.
Sin embargo, descalificar de entrada el informe bajo el argumento de que “no hay pruebas” resulta, por decir lo menos, un razonamiento peculiar.
Porque las sanciones anunciadas por la OFAC no surgieron de una corazonada presidencial ni de una columna periodística. Implican investigaciones financieras que desembocan en medidas concretas: congelamiento de activos, bloqueo del sistema financiero estadounidense, prohibición de realizar operaciones con ciudadanos y empresas de Estados Unidos, así como la posibilidad de imponer sanciones secundarias a quienes colaboren con los involucrados.
Entre los sancionados aparecen Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por el Tesoro como uno de los principales operadores empresariales del CJNG mediante una red de compañías fachada dedicadas al transporte y comercialización de hidrocarburos, así como J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado por introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos hacia México y por presuntamente pagar sobornos para operar en los cruces fronterizos.
Las investigaciones estadounidenses también describen con detalle el esquema mediante el cual petróleo robado en México cruza ilegalmente la frontera disfrazado como aceite residual o residuos peligrosos para evadir controles aduanales, mientras que combustible estadounidense es introducido clandestinamente a México utilizando facturación falsa y empresas fachada para evitar el pago del IEPS.
El propio Departamento del Tesoro advierte que, de acuerdo con reportes públicos, entre una cuarta parte y una tercera parte del combustible comercializado en México podría tener origen ilícito, lo que convierte al huachicol en la principal fuente de ingresos de los cárteles después del narcotráfico.
Si todas esas investigaciones financieras, los expedientes elaborados por la OFAC, los análisis de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), las sanciones internacionales y el congelamiento de activos “carecen de pruebas”, entonces habría que preguntarse qué clase de evidencia considera válida el gobierno mexicano.
Porque descalificar investigaciones extranjeras sin presentar una refutación técnica o jurídica equivale a responder un expediente financiero internacional con un simple “yo no les creo”.
Y eso, más que una defensa institucional, parece un acto de fe.
