La Secretaría del Medio Ambiente extorsionaba a verificentros en el Estado de México
Dos altos funcionarios, uno de ellos del Verde Ecologista, cobraban decenas de millones mensuales
Por Jesús López Segura
Dos funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente fueron detenidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con apoyo de la Guardia Nacional y de autoridades de Guerrero y la Ciudad de México, acusados de formar parte de una red de extorsión que habría convertido a los verificentros mexiquenses en una auténtica máquina de producir dinero en efectivo. Resulta que en el Estado de México hasta la contaminación tiene tarifa política.
Raúl Piña Horta
Los detenidos son Raúl Piña Horta, director general de Control de Emisiones Atmosféricas, y Carlos Eduardo Solares Vega, director de Control de Emisiones a la Atmósfera de la misma dependencia. El primero fue detenido en Acapulco y el segundo en la Ciudad de México.
Carlos Eduardo Solares Vega
Pero el dato políticamente más incómodo es que Piña Horta es militante del Partido Verde Ecologista de México, el mismo partido que reverdece en la corrupción y es aliado de Morena en el gobierno mexiquense.
Resulta cuando menos paradójico que uno de sus militantes, encargado precisamente de una de las áreas gubernamentales relacionadas con el control de emisiones contaminantes, termine detenido por su presunta participación en una estructura dedicada a extorsionar a quienes operan los verificentros.
La ironía se vuelve todavía más gruesa cuando se conocen las dimensiones del negocio que investiga la Fiscalía.
De acuerdo con la autoridad, los funcionarios detenidos formarían parte de una red integrada por servidores públicos, exservidores públicos y particulares que obligaba a los propietarios de verificentros a pagar cuotas ilegales para permitirles continuar funcionando.
Y no estamos hablando de unas cuantas monedas para el café.
La Fiscalía sostiene que el esquema habría generado varias decenas de millones de pesos mensuales mediante el cobro de cuotas para evitar el cierre de las líneas de verificación, además de cantidades adicionales exigidas por la revalidación de las autorizaciones.
Todo, según la investigación, mediante entregas en efectivo.
Y aquí aparece otra pregunta inevitable: ¿cuántos funcionarios más están involucrados?
Porque la propia Fiscalía habla de una red y advierte que existen otros implicados que permanecen prófugos. En tales condiciones es muy difícil creer que las más altas autoridades no llevaran moche en el negocio o no se dieran cuenta de lo que sucedía en su narices.
Y aquí es donde el caso deja de ser solamente judicial para convertirse también en un problema político para el gobierno de Delfina Gómez.
La ciudadanía tiene derecho a saber quién los nombró, quién los supervisó, quién recibió denuncias previamente y, sobre todo, quién permitió que una estructura semejante pudiera operar durante tanto tiempo.
El Partido Verde tendrá que explicar también qué hacía uno de sus militantes ocupando una posición estratégica en la política ambiental mexiquense mientras, según la investigación ministerial, presuntamente participaba en un esquema de extorsión contra los propios establecimientos sujetos a regulación.
Si se acreditan las acusaciones, sería difícil encontrar una manera más cínica de convertir el discurso verde en dinero negro.
Ahora toca a la Fiscalía llegar hasta el fondo.
No sólo hasta Piña Horta y Solares Vega.
Hasta todos los integrantes de la red, funcionarios, exfuncionarios o particulares; hasta quienes hayan ordenado, protegido, encubierto o cobrado; y hasta el destino de esas decenas de millones de pesos mensuales.
Porque si la investigación confirma lo que hoy sostiene la autoridad, el verdadero problema no eran las emisiones contaminantes de los automóviles.
Era la contaminación de las instituciones.
