Mientras Sheinbaum habla de soberanía, Trump de narcopolíticos. AL GRANO. Por Jesús López
EU exige se identifique, detenga y procese a los políticos que colaboran con el crimen organizado
La columna de Mario Maldonado (“Rocha Moya: 142 días y Trump exige detener a los ‘narcopolíticos’ “. El Universal) coloca en el centro de la relación México-Estados Unidos una contradicción cada vez más difícil de administrar: mientras Claudia Sheinbaum invoca la soberanía nacional para rechazar presiones externas, Donald Trump sostiene que esa misma soberanía ha sido vulnerada por funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con los cárteles.
El caso de Rubén Rocha Moya funciona como símbolo de ese desencuentro. Ciento cuarenta y dos días después de la solicitud estadounidense de detención con fines de extradición, el expediente permanece prácticamente inmóvil en México, pese a que algunos de los señalados ya están bajo custodia de Estados Unidos. A ello se suma la exigencia explícita de Trump para que México identifique, detenga y procese a los servidores públicos que, según Washington, colaboran con el crimen organizado.
El punto más delicado de la columna es precisamente ese: la discusión dejó de ser únicamente sobre narcotraficantes y comenzó a desplazarse hacia las estructuras políticas que presuntamente les permiten operar. Maldonado advierte así un cambio de dimensión en la presión estadounidense: ya no bastarían decomisos, capos detenidos o laboratorios destruidos; Washington exige resultados también contra las redes de complicidad institucional.
Frente a ello, la respuesta mexicana descansa en un principio jurídicamente legítimo: las acusaciones deben acreditarse y procesarse conforme a las leyes nacionales. Pero esa defensa de la soberanía adquiere mayor complejidad cuando las investigaciones apuntan precisamente a funcionarios encargados de garantizarla, sobre todo cuando existen tratados de extradición que no obligan a presentar pruebas anticipadas para hacerlos valer.
El caso Rocha Moya, más que un expediente congelado, se ha convertido en una prueba de hasta dónde está dispuesto el gobierno mexicano a llevar su defensa de la soberanía cuando los señalamientos alcanzan al poder político. Y esos 142 días, por sí solos, explican por qué el asunto dista mucho de estar cerrado.
El abuso discursivo del soberanismo y la independencia, en la víspera de las elecciones intermedias, solo crea dudas sobre una eventual intención oculta de dispensar impunidad a los miembros de la élite gobernante implicados en la corrupción.
El senador panista Ricardo Anaya acaba de ofrecer una muestra contundente de un discurso nacionalista mucho más fresco y eficaz:
