Terry Cole insiste en que funcionarios de alto nivel colaboran con narcos en México
Y Derek Maltz pide a Harfuch detener y trasladar a Estados Unidos a Rubén Rocha Moya
Por Jesús López Segura
Estados Unidos no parece dispuesto a soltar el tema de los presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y los cárteles. Mientras Terry Cole habla de una colaboración directa de altos funcionarios con el crimen organizado, el exjefe interino de la DEA Derek Maltz pide abiertamente detener y trasladar a Estados Unidos a Rubén Rocha Moya.
La ofensiva retórica de Washington contra la narcopolítica mexicana ya no parece un asunto de declaraciones aisladas. Tiene, por el contrario, una preocupante continuidad.
Primero fue Terry Cole, director de la DEA, quien luego de elevar el nombre de Omar García Harfuch a las nubes, insistió en su narrativa de que funcionarios mexicanos de alto nivel colaboran directamente con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Y no lo dijo precisamente en voz baja: aseguró que una acusación formal recientemente hecha pública evidencia esa corrupción gubernamental.
Pero Cole fue todavía más lejos. Aseguró que la DEA mantiene comunicación diaria con Omar García Harfuch y que Estados Unidos no sólo intercambia información con México, sino que “también apoya operaciones en el país”.
La frase debería hacer sonar más de una alarma en Palacio Nacional.
Porque mientras la presidenta Claudia Sheinbaum –montada en preguntas a modo de reporteros cortesanos como Manuel Pedrero— insiste en rechazar como “injerencia” las acusaciones estadounidenses sobre presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones criminales, el máximo responsable de la DEA responde, en los hechos, que la cooperación bilateral ya incluye operaciones dentro de México.
¿Injerencia? ¿Cooperación? ¿Operaciones conjuntas?
La diferencia semántica empieza a importar poco cuando Washington habla de objetivos, comparte inteligencia y afirma que participa en operaciones en territorio mexicano.
Y como si a la declaración de Cole le faltara un segundo capítulo para dejar claro que Estados Unidos no piensa quitar el dedo del renglón, apareció Derek Maltz, exdirector interino de la DEA, con una petición bastante menos diplomática: detener a Rubén Rocha Moya y trasladarlo a Estados Unidos para que responda por las acusaciones en su contra.
Maltz dirigió el mensaje directamente a García Harfuch: Rocha Moya, escribió, “debe rendir cuentas por sus acciones”, y planteó incluso una operación de arresto y traslado a Estados Unidos.
No es una acusación menor ni una ocurrencia de sobremesa. El pronunciamiento se produjo después de que autoridades estadounidenses incluyeran a Rocha Moya y a otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa en una acusación relacionada con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y delitos de narcotráfico y armas.
Y aquí aparece la coincidencia que vuelve particularmente incómoda la situación para el gobierno mexicano.
Mientras en México Rocha Moya regresaba al cargo después de 112 días de licencia, en Estados Unidos un exalto funcionario de la DEA pedía públicamente su detención y traslado.
La presión no podía ser más explícita.
Pero lo verdaderamente significativo es que Washington parece estar construyendo una narrativa persistente: el problema del narcotráfico mexicano no se limita a los sicarios y capos; también alcanza, según sus acusaciones, a funcionarios públicos que presuntamente les facilitan el trabajo.
Cole ya había hablado de una conexión entre los cárteles y el gobierno mexicano, al grado de sostener que ambos podían llegar a ser “uno mismo”. Ahora vuelve a la carga hablando de funcionarios de alto nivel que colaborarían directamente con las organizaciones criminales.
Y Maltz agrega la parte operativa de esa narrativa: si los políticos corruptos son parte de la estructura que permite funcionar a los cárteles, entonces también deben ser perseguidos.
El mensaje de Estados Unidos parece bastante claro: no pretende discutir eternamente con México si existe o no una narcopolítica; pretende investigar, acusar y eventualmente llevar ante sus tribunales a quienes considere involucrados.
Y ahí es donde la situación se vuelve explosiva.
Porque mientras el gobierno mexicano intenta preservar el principio de soberanía y rechaza cualquier señalamiento que parezca provenir de Washington, la DEA habla cada vez con mayor naturalidad de cooperación operativa dentro de México, de objetivos mexicanos y de funcionarios presuntamente vinculados con organizaciones designadas por Estados Unidos como terroristas.
Y, para rematar, el propio Cole califica a García Harfuch como “socio de confianza” y “buen amigo” de Estados Unidos.
Uno podría pensar que Washington ya escogió interlocutor.
La pregunta es si también está escogiendo, desde ahora, a quiénes considera obstáculos.
Porque cuando un director de la DEA dice que trabaja diariamente con el secretario de Seguridad mexicano, que apoya operaciones en territorio nacional y que funcionarios de alto nivel colaboran con cárteles; y cuando un exjefe de la misma agencia pide públicamente detener a un gobernador mexicano para llevarlo a Estados Unidos, ya no estamos ante simples declaraciones de funcionarios estadounidenses.
Estamos ante una presión política y de seguridad que Washington parece decidido a mantener viva.
