El SNTE mexiquense: de sindicato a operador electoral con caja de 46 mil millones. AL GRANO
Con la cloaca destapada ayer por Reforma, suman por lo menos 4 escándalos recientes
Por Jesús López Segura
Según la nota principal del diario Reforma de este domingo, el Gobierno del Estado de México habría entregado a la Sección 36 del SNTE no sólo la representación de más de 100 mil maestros del Valle de México, sino también una enorme cuota de poder administrativo sobre una nómina de 46 mil millones de pesos anuales.
El asunto sería grave por sí mismo, pero adquiere tintes de escándalo cuando se coloca junto al componente electoral: de acuerdo con la nota de Rolando Herrera, desde 2023 la estructura sindical habría diseñado el “Programa Estratégico de Operación Corredor Azul” para movilizar a docentes, padres de familia y beneficiarios de programas sociales en favor de los candidatos de Morena durante las elecciones de 2024.
Esta nueva impudicia destapada ayer por Reforma, se suma a otros escándalos inauditos estallados en un breve lapso de tiempo como si se tratara de desacreditar al gobierno de Delfina Gómez en la antesala de los comicios del año próximo.
Primero, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo y vinculó a proceso a 27 personas por el desvío de más de 96 millones de pesos mediante una red de “aviadores” en la nómina magisterial, enquistada en el GEM desde la administración de Alfredo de Mazo Maza.
Luego, la detención y posterior liberación en fast track del coordinador general de la Zona Sur-Sureste del gobierno del Estado de México, Lino Rodríguez González, adscrito a la Secretaría General de Gobierno, por presuntos actos de secuestro y delincuencia organizada, lo que constituye un golpe severo al corazón de las aspiraciones del secretario Horacio Duarte, independientemente de que cierta prensa local lo siga impulsando como precandidato a gobernador; y la muy reciente detención de dos directores de la Secretaría del Medio Ambiente del GEM, acusados de extorsiones multimillonarias a los verificentros de la entidad.
La trama del nuevo escándalo en el área educativa nos regresa al escenario de las verdaderas razones del obradorismo para tumbar la Reforma Educativa de Emilio Chuayffet, la cual pretendía limpiar la nómina magisterial de operadores políticos comandados por Elba Esther Gordillo que realizaban las operaciones tamal, urnas embarazadas, ratón loco y toda la gama de triquiñuelas de “maestros” que no daban clases, pero hacían gala de una gran creatividad para la prevaricación electoral en favor del PRI.
La nota de Reforma nos recuerda que Rigoberto Vargas Cervantes, entonces dirigente de la Sección 36, dejó el cargo para convertirse en diputado local de Morena. Su sucesora, Mónica Granillo Velazco, es actualmente dirigente sindical y diputada federal con licencia por el mismo partido. Y al frente de los SEIEM quedó Magdaleno Reyes Ángeles, con trayectoria dentro de esa estructura sindical.
La fórmula resulta políticamente conveniente: el sindicato administra músculo electoral y conserva influencia burocrática; el partido recibe operadores, votos y estructura territorial; y el gobierno mantiene una alianza que puede ser extraordinariamente útil para controlar una nómina gigantesca.
La pregunta incómoda es inevitable: ¿dónde termina la representación laboral y dónde comienza la maquinaria electoral?
Porque si, como señala la investigación, la organización sindical tiene influencia sobre el ingreso, permanencia, promoción y condiciones laborales de los maestros, entonces ya no estaríamos hablando simplemente de un sindicato poderoso, sino de una estructura con capacidad para incidir simultáneamente en el dinero público, la burocracia educativa y las elecciones.
Y todo esto ocurre bajo un gobierno encabezado por Delfina Gómez, quien llegó al poder precisamente con la bandera de acabar con los viejos vicios del régimen priista.
La ironía es demoledora: la llamada transformación prometió desmontar los cacicazgos, pero la fotografía que revela Reforma sugiere que algunos simplemente cambiaron de camiseta.
Del viejo corporativismo priista al nuevo corporativismo morenista, parecería que sólo cambió el color del uniforme. La lógica, en cambio, podría seguir siendo la misma: controlar la estructura, administrar los recursos y convertir la organización laboral en maquinaria electoral, tal como lo hizo, en una forma menos encubierta, Elba Esther Gordillo con Nueva Alianza.
Si esto se confirma, los 46 mil millones de pesos no serían únicamente una cifra presupuestal. Serían el tamaño de una pregunta que el gobierno mexiquense tendrá que responder: ¿quién controla realmente la educación pública del Estado de México: la autoridad educativa o el sindicato?
Y, sobre todo, ¿cuánto cuesta electoralmente esa sociedad?
