Las madres buscan a sus hijos mientras el Estado mexicano busca excusas
Las mujeres buscadoras enfrentan niveles “alarmantes” de violencia: Expertos la ONU
Por Jesús López Segura con información de EFE
Hay algo profundamente obsceno en un país donde una madre tiene que abandonar su casa, tomar una pala, caminar entre brechas, escarbar la tierra y exponerse al crimen para hacer lo que las instituciones del Estado deberían hacer desde el primer minuto: buscar a los desaparecidos.
Y ahora es la propia ONU la que viene a recordárselo al gobierno mexicano.
Expertos de Naciones Unidas advirtieron este 30 de septiembre que las madres buscadoras enfrentan niveles “alarmantes” de violencia, con agresiones que han llegado al extremo de asesinarlas o desaparecerlas. El señalamiento no es retórico: en Sinaloa están los casos recientes de Elisa Altagracia Bonilla, desaparecida; Alma Rosa Rojo Medina, agredida junto con su hija, y Rubí Patricia Gómez Tagle, integrante de un colectivo de búsqueda, asesinada en febrero pasado.
Rubí Gómez Tagle resume la tragedia completa: buscaba a su hijo desaparecido y terminó asesinada dentro de su propio domicilio. La ONU documentó que su colectivo había enfrentado amenazas y ataques reiterados por su labor de búsqueda.
¿Y cuál es la respuesta institucional?
La que ya parece formar parte del paisaje mexicano: impunidad, burocracia y silencio.
Los expertos internacionales fueron tajantes: la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de esos casos corresponden al Estado; no pueden recaer sobre los hombros de las familias, aunque éstas deben participar en los procesos de búsqueda. También denunciaron que las agresiones contra las buscadoras ocurren en un contexto de impunidad casi total y tienen características específicas de violencia de género.
Es difícil imaginar una acusación más demoledora.
Porque estas mujeres no tendrían que ser heroínas. No tendrían que aprender a identificar restos óseos, recorrer fosas clandestinas, desafiar a grupos criminales ni convertirse en investigadoras improvisadas. Deberían estar esperando que el Estado les entregara a sus hijos con vida o, cuando ello ya no fuera posible, con verdad, justicia y dignidad.
En cambio, en México muchas familias han terminado convirtiéndose en detectives, peritos, rastreadoras y hasta policías de sí mismas.
Y lo más indignante es que ni siquiera esa labor las coloca a salvo. Al contrario: las convierte en blanco.
La propia documentación de Naciones Unidas señala que, desde 2020, organizaciones de la sociedad civil han contabilizado 19 personas buscadoras asesinadas en México y otras 20 sobrevivientes de intentos de asesinato.
Así, mientras los discursos oficiales pueden hablar de transformación, bienestar, derechos humanos y protección de las mujeres, hay madres mexicanas que deben preguntarse cada mañana si salir a buscar a sus hijos significa poner en riesgo su propia vida.
La ONU pide ahora que el Estado reconozca públicamente la importancia de su labor. Incluso la Asamblea General estableció el 19 de diciembre como Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas.
Está bien reconocerlas.
Pero sería mucho más importante protegerlas.
Porque un Estado que homenajea a las buscadoras mientras permite que las maten está convirtiendo el reconocimiento en una ceremonia de cinismo.
