A años luz de Dinamarca… LA VERSIÓN NO OFICIAL. Por Jesús López Segura
La 4T: ocho años de “combate a la corrupción”… al menos 15 escándalos sin machuchones tras las rejas
El reportaje de El Universal dibuja un balance incómodo para un movimiento que llegó al poder prometiendo erradicar la corrupción: casi ocho años, al menos 15 grandes escándalos, cientos de millones —y en algunos casos miles de millones— de pesos bajo sospecha, denuncias penales, auditorías y expedientes abiertos. ¿El saldo judicial? Una sola renuncia y ningún pez gordo condenado.
La llamada Cuarta Transformación parece haber perfeccionado una fórmula administrativa bastante peculiar: cuando aparece un escándalo, se anuncia una investigación; cuando crece el escándalo, se separa a algún funcionario menor; y cuando la atención pública se desplaza hacia el siguiente desastre, el expediente termina durmiendo el sueño de los justos.
El catálogo es extenso:
Segalmex: el monumental escándalo de corrupción en un organismo creado por López Obrador. Hubo órdenes de aprehensión, pero ninguna sentencia firme que cierre el caso.
Birmex: irregularidades en la compra de medicamentos, seis funcionarios separados y al menos 13 investigaciones reportadas. Culpables, ninguno oficialmente declarado.
Huachicol fiscal: millones de litros de combustible asegurados, más de 600 mil millones de pesos presuntamente robados al fisco, mandos detenidos y testimonios que mencionan al entorno presidencial. Pero las investigaciones no han alcanzado a las figuras políticas de mayor relevancia.
Ana Gabriela Guevara y la Conade: cinco denuncias penales por presuntas irregularidades. Las consecuencias judiciales siguen sin aparecer.
Tren Maya: sobreprecios, pagos anticipados y deficiencias contractuales detectadas por la ASF. Cinco denuncias penales y ninguna judicialización reportada.
Dos Bocas: una obra presupuestada inicialmente en 8 mil millones de dólares que terminó superando los 20 mil millones. Al menos 35 denuncias relacionadas con presuntas irregularidades y ninguna judicializada.
La casa de Houston: la residencia ocupada por José Ramón López Beltrán y su esposa, propiedad de un ejecutivo de Baker Hughes, empresa contratista de Pemex. La autoridad descartó conflicto de interés.
El modus operAndy: amistades, negocios y denuncias alrededor de empresarios cercanos a Andrés Manuel López Beltrán, sin consecuencias conocidas de fondo.
Los sobres de Pío López Obrador: videos con entregas de efectivo que, según la resolución del INE, no permitieron acreditar un beneficio electoral para Morena.
Sinaloa: acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios por presuntos vínculos con Los Chapitos. México alegó insuficiencia de pruebas para proceder.
Adán Augusto y La Barredora: 37 denuncias relacionadas con el exgobernador tabasqueño, archivadas por falta de elementos que lo incriminaran.
Delegados federales: 209 denuncias por presunto manejo indebido de programas sociales; 181 expedientes terminaron archivados.
CONAHCYT: una adjudicación directa de más de cuatro millones de pesos cuestionada por presunto conflicto de interés, sin consecuencias jurídicas conocidas.
La “Megafarmacia”: un descomunal monumento al despilfarro millonario por ocurrencias de un poder sin límites que ha llevado al de por sí precario sistema de Salud al desastre.
La constante es difícil de ignorar: las investigaciones se acumulan, las denuncias se multiplican y las explicaciones oficiales se repiten, pero las responsabilidades de alto nivel no terminan de materializarse.
Las exfuncionarias electorales Jacqueline Peschard y Norma Julieta del Río advierten sobre el debilitamiento de los contrapesos institucionales, la falta de autonomía de las fiscalías y la normalización social de los escándalos. Peschard señala que los nuevos casos terminan sepultando mediáticamente a los anteriores.
Y ahí aparece la paradoja central del obradorismo salvaje: un movimiento que convirtió el combate a la corrupción en bandera fundacional, pero cuyo historial de escándalos plantea preguntas persistentes sobre la eficacia de sus propios mecanismos de rendición de cuentas.
La corrupción, según el discurso oficial, se acabó; según los expedientes, sigue dando material para otro reportaje.
Porque en la 4T parece haber una diferencia considerable entre investigar a los funcionarios de a pie y exigir cuentas a quienes ocupan los pisos superiores del poder. Hay denuncias, auditorías, declaraciones y conferencias; lo que el reportaje no encuentra es una cosecha equivalente de sentencias contra los responsables de mayor jerarquía.
Y quizá ésa sea la pregunta que resume los casi ocho años de esta historia: si la transformación prometía acabar con los privilegios y la corrupción, ¿por qué tantos escándalos han terminado sin que los presuntos responsables de mayor peso enfrenten consecuencias judiciales?
