Desapariciones en México ¿Crimen de lesa humanidad? AL GRANO. Por Jesús López Segura
La ONU advierte indicios para investigar, lo que no debe confundirse con una sentencia definitiva
La crisis de desapariciones forzadas en México ha alcanzado una dimensión que ya no puede ocultarse detrás de los eufemismos oficiales ni de la conveniente estrategia gubernamental de atribuirlo todo al crimen organizado o a los gobiernos del pasado. Con más de 130 mil personas desaparecidas reconocidas, el país enfrenta un fenómeno de violencia sistemática que especialistas en Derecho Internacional consideran susceptible de constituir un crimen de lesa humanidad.
Por primera vez, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) propuso llevar el caso mexicano ante la Asamblea General de la ONU, al advertir una práctica generalizada, impunidad prácticamente absoluta, participación de servidores públicos y grupos criminales, así como deficiencias institucionales persistentes. El organismo ha señalado, además, que sus recomendaciones de 2023 reiteran las formuladas en 2015, 2018 y 2021, evidencia de que las advertencias internacionales llevan años acumulándose sin una respuesta efectiva.
La paradoja es que, mientras la comunidad internacional considera ofrecer asistencia técnica ante la gravedad de la crisis, el gobierno de Claudia Sheinbaum cabildea para impedirla. En lugar de aprovechar el respaldo internacional para esclarecer los hechos, fortalecer las investigaciones y localizar a las víctimas, la administración parece más preocupada en evitar el escrutinio que por enfrentar el problema.
El argumento oficial de que las desapariciones no pueden considerarse crímenes de lesa humanidad porque no son perpetradas directamente por agentes del Estado resulta jurídicamente insuficiente. El derecho internacional contempla también la participación de particulares cuando actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de funcionarios públicos. Es decir, la complicidad, la tolerancia deliberada y la inacción institucional también cuentan.
Y las preguntas incómodas no terminan ahí. Durante estas dos últimas décadas de violencia, las Fuerzas Armadas han permanecido desplegadas en los mismos territorios, con crecientes facultades, presupuestos y responsabilidades. Paradójicamente, existen casos emblemáticos que han documentado o señalado la participación de militares y marinos, como Ayotzinapa, Tlatlaya (hay que recordar el beneplácito y las felicitaciones del entonces gobernador priista Eruviel Ávila a los militares por esa matanza) y las desapariciones en Tamaulipas.
A ello se suman las denuncias sobre presuntos vínculos entre estructuras militares, funcionarios y negocios criminales, incluido el huachicol fiscal. La dimensión de esas responsabilidades sigue pendiente de una investigación exhaustiva e independiente.
La administración de Sheinbaum reconoce las desapariciones, pero pretende confinarlas a la delincuencia organizada o a una herencia del pasado, como si la llegada de la 4T hubiera borrado por decreto las estructuras criminales, la colusión institucional y la impunidad. La realidad documentada por el CED contradice esa narrativa.
La desaparición forzada no deja de ser un crimen de lesa humanidad porque el gobierno se niegue a llamarla así. Tampoco desaparece la responsabilidad del Estado porque sus funcionarios prefieran señalar a sus antecesores o atribuir los cadáveres, las fosas clandestinas y los expedientes inconclusos a organizaciones criminales.
La cuestión de fondo ya no es si México tiene un problema de desapariciones, sino por qué sus autoridades se resisten a que un organismo internacional examine la magnitud del fenómeno y contribuya a esclarecerlo. Cuando un gobierno antepone su defensa política a la cooperación internacional, la sospecha de que pretende proteger su imagen antes que a las víctimas se vuelve inevitable.
Porque los más de 130 mil desaparecidos no son una estadística incómoda ni un expediente heredado: son personas cuyo paradero sigue sin esclarecerse y familias a las que el Estado continúa debiendo verdad y justicia.
Una precisión jurídica: la calificación de crimen de lesa humanidad corresponde a los criterios del derecho internacional y requiere acreditar sus elementos constitutivos. El CED ha advertido indicios y patrones que justifican el examen internacional; no debe confundirse esa determinación con una sentencia penal definitiva.
