La cloaca de los verificentros: una bomba difícil de desactivar. AL GRANO. Por Jesús López Segura
José Couttolenc, el dirigente del Verde mexiquense, no se ha tomado la molestia de hacer aclaraciones
La columna de Héctor de Mauleón (“El caso de los verificentros: bomba para Morena y el Verde“. El Universal), pone el dedo en una cloaca que amenaza con desbordarse mucho más allá de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México. Porque una red que, de acuerdo con la investigación ministerial, habría extorsionado durante años a los concesionarios de verificentros y generado ganancias superiores a 430 millones de pesos no puede despacharse con la detención de dos funcionarios.
El escándalo tiene todos los ingredientes de un entramado complejo de corrupción: cuotas mensuales, cobros por línea de verificación, pagos por vehículo verificado, amenazas, entrega de dinero en efectivo y hasta oficinas y fraccionamientos exclusivos como puntos de cobro. La Fiscalía mexiquense sostiene que la red estaba integrada por servidores públicos, exservidores y particulares.
Y aquí comienza lo verdaderamente incómodo.
Uno de los detenidos, Raúl Piña Horta, no era precisamente un funcionario surgido de la nada: fue secretario particular de Jorge Emilio González Martínez, el llamado Niño Verde. Además, la Secretaría del Medio Ambiente mexiquense quedó en manos del Partido Verde como parte de los acuerdos políticos que acompañaron la llegada de Delfina Gómez al gobierno estatal, según reconstruye De Mauleón.
De ahí que resulte insuficiente investigar solamente a quienes cobraban.
Hay que investigar quién los colocó, quién los protegió, quién conocía el mecanismo y, sobre todo, hasta dónde llegaba la cadena de mando.
Y hay un nombre que, al menos públicamente, merece una investigación política mucho más profunda: José Alberto Couttolenc Buentello, dirigente del Partido Verde en el Estado de México.
No porque pueda atribuirse responsabilidad penal alguna sin pruebas —eso corresponde determinarlo a la autoridad—, sino porque resulta imposible ignorar que Piña Horta pertenecía al entorno político del Verde y que la dependencia donde presuntamente operaba la red fue entregada a ese partido como parte de un acuerdo político.
Más aún: existen publicaciones periodísticas que han señalado presuntos vínculos políticos entre Piña Horta y Couttolenc, aunque esas versiones no equivalen por sí mismas a una prueba de participación del dirigente partidista en los delitos investigados.
Precisamente por eso hace falta investigar.
Porque sería bastante peculiar que una trama de esta magnitud —con cientos de establecimientos afectados y cientos de millones de pesos presuntamente obtenidos mediante extorsión— terminara judicializada únicamente en su estrato operativo, mientras el nivel político permaneciera cuidadosamente fuera de foco.
Y aquí aparece la sospecha política: ¿se está evitando profundizar en la estructura del Partido Verde por el costo que tendría tocar a su dirigente mexiquense justo cuando Morena necesita preservar una eventual alianza electoral rumbo a 2027?
No es una acusación. Es una pregunta que el tamaño del escándalo obliga a formular.
Sobre todo porque el propio De Mauleón advierte que en el Verde existe preocupación por las consecuencias políticas que podría tener el expediente y por la posibilidad de que el caso sea utilizado como instrumento de presión en la negociación de la alianza con Morena.
Sería lamentable que los verificentros terminaran convirtiéndose en otra pieza del ajedrez electoral: investigar hasta donde conviene, callar donde incomoda y negociar donde hay votos.
La Fiscalía tiene una oportunidad inmejorable para demostrar que no se trata de otro escándalo de temporada. Si la investigación realmente apunta a servidores públicos, exfuncionarios y particulares, como ha informado la propia autoridad, debe seguir el dinero, identificar a los beneficiarios y reconstruir la cadena completa de responsabilidades.
Porque 430 millones de pesos no son una mordida administrativa.
Son una montaña de dinero.
Y una montaña de ese tamaño difícilmente puede haber sido levantada por dos funcionarios actuando solos.
La cloaca de los verificentros apenas comenzó a destaparse. Lo verdaderamente escandaloso sería volver a taparla cuando empiece a oler a política.
