Cuauhtémoc Blanco y Graco Ramírez, vinculados al CJNG, Los Rojos y Guerreros Unidos
Senadores, diputados y alcaldes de Morelos ligados al narco: Guacamaya Papers
Morelos se encuentra controlado por gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales y jueces coludidos con los grupos criminales que operan en la región, como Los Rojos, Guerreros Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con dos informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Unidad de Inteligencia Naval, elaborados a principios de 2019 y filtrados en los Guacamaya Papers.
El grupo de inteligencia de la Secretaría de Marina (Semar) señaló en un documento titulado “Panorama Delictivo de Morelos”, que el grupo criminal de los Beltrán Leyva cuenta “con protecciones de autoridades del exgobernador de Morelos Graco Ramírez”, y señaló que el primer círculo del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, del Partido Encuentro Social (PES), tienen vínculos con Los Rojos, Gente Nueva y el CJNG.
El informe –que fue extraído entre los millones de documentos hackeados a la Sedena por el colectivo Guacamaya– estableció que José Manuel Saénz Rivera, José de Jesús Guizar Nájera, Uriel Carmona Gándara y Samuel Soto Salgado, respectivos jefes de Oficina de Blanco, subsecretario de Gobierno, fiscal general y consejero jurídico, están vinculados con Los Rojos –o Gente Nueva–, y además con el CJNG para los primeros dos.
También señala que Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Cámara de Diputados local, tiene nexos con los grupos de la delincuencia organizada de Guerrero, al igual que varios diputados, el senador Ángel García Yáñez –del PRI–, así como de nueve jueces locales que han liberado a delincuentes por “supuestas” faltas de pruebas.
En este contexto, marcado por la relación sinérgica entre gobierno y crimen organizado, fue asesinada ayer la diputada local Gabriela Marín Sánchez, del partido Morelos Progresa, en Cuernavaca. La política de 37 años había tomado posesión apenas el pasado 15 de julio, después de ganar un proceso judicial contra el político Roberto Yáñez Moreno, quien le había robado la diputación plurinominal.
