Congruentes con el humanismo, Gobierno y la Fiscalía mexiquenses avalan “legítima defensa” en Texcaltitlán

El horror vivido el pasado 8 de diciembre en Texcaltitlán -cuando habitantes de Texcapilla, hartos de la extorsión prolongada de la Familia Michoacana, mataron a machetazo limpio a varios de esos criminales que hacían de las suyas, enteramente a sus anchas, sin que ninguna autoridad los molestara-, parece marcar un hito definitivo en la fallida estrategia del Estado mexicano de renunciar a su obligación de usar, legítimamente y de manera exclusiva, la fuerza contra los criminales, no para cometer masacres, sino simplemente para someterlos al imperio de la ley que juró cumplir y hacer cumplir el Presidente de la República.

“La violencia no se puede combatir con más violencia”, recita casi a diario un mandatario ajeno al sufrimiento de millones de mexicanos de bien, pobres y ricos, que observan cómo los criminales se apoderan del país, sin que las autoridades encargadas de brindar el servicio más elemental que se le puede exigir a un gobierno democrático, tomen medidas drásticas para evitar esa tragedia nacional.

Enhorabuena por doña Delfina Gómez, una persona de buen corazón -ahora lo constatamos- que lejos de andar pronunciando discursos rimbombantes, se limita a cumplir con su deber de estar al lado de los que sufren, pero en la realidad, no nada más en una retórica evangélica hueca de presunto “amor a los menesterosos”.

Enhorabuena también para el Fiscal mexiquense, José Luis Cervantes Martínez, que luego de algunos dudas comprensibles, terminó por legitimar como defensa propia (autodefensa) la acción contundente de los habitantes de Texcapilla contra los criminales, decretando que no se les va a perseguir judicialmente y reconociendo, lo que al principio se negaba, el secuestro de una docena de habitantes, incluidos niños, por cuenta de los criminales, e incluso ofreciendo una recompensa por informes para rescatarlos.

Cualquiera que en el Estado de México, en lo futuro, mate a un extorsionador, violador o asesino -luego de haberlo denunciado sin que las autoridades hicieran algo para detenerlo- tendrá que ser eximido de toda responsabilidad, gracias al antecedente de Texcapilla.

Y algo tan aparentemente simple y extremadamente lógico y plausible para quien no tenga fantasías mesiánicas en la cabeza, simplemente pondrá en jaque terminal la fallida política de ofrecer abrazos a los delincuentes y permitir, indiferente, los balazos a los -hasta antes de la valiente resolución de la Gobernadora Delfina Gómez y el Fiscal Cervantes– indefensos habitantes.

Quienes se oponen a la organización profesional de grupos de autodefensa, alegando la ciertamente constitucional exclusividad del Estado para el ejercicio legítimo de la fuerza, tendrán que apurarse a atender las denuncias ciudadanas que ahora se inhiben, porque la gente desconfía de las alianzas que puedan existir entre autoridades corruptas y criminales.

O se ponen a trabajar decididamente y de inmediato, o los habitantes hartos de su criminal indiferencia, tendrán que relevarlos en una tarea que, en el papel, le corresponde realizar a las autoridades, pero si no solo no lo hacen, sino que encima les dan el pitazo a los grupos delictivos sobre quiénes los están denunciando, ¿qué otra alternativa le dejan a la gente?